Huida hacia el barranco

TAL VEZ no fue oportuna desde un punto de vista político la detención de Belén González Peñalva, Carmen, dirigente de ETA que había participado en el contacto que esa organización sostuvo en mayo con representantes del Gobierno. Es una cuestión discutible. Lo indiscutible es que el criterio para detener a una presunta delincuente que circula armada, con documentación falsa y listas de posibles objetivos terroristas no puede ser el de la oportunidad política.No al menos en el estado actual de cosas: con ETA robando toneladas de dinamita, extorsionando a los empresarios y planteando unas condiciones que sabe inasumibles para reanudar los contactos. Si la policía francesa hubiera evitado la detención de esa activista, o la hubiera puesto en libertad tras identificarla, habría transmitido un mensaje de impunidad: que ETA puede seguir extorsionando, robando explosivos, preparando atentados sin temor a la acción policial. Y si el Gobierno español hubiera transmitido indicaciones en tal sentido, habría comprometido la colaboración antiterrorista. Ésta sólo puede asentarse sobre criterios de respeto a la ley.

La experiencia de los poli-milis indica que nada favorece tanto la autodisolución de los grupos terroristas como la evidencia de su vulnerabilidad. La detención de Bienzobas fue una medida pacificadora, aunque ya entonces hubo voces que cuestionaron su oportunidad. El caso de Carmen es algo diferente por su papel de interlocutora, y por eso resulta más discutible. Pero no tanto como para considerar que hay que "compensar" a ETA mediante algún gesto que le devuelva la confianza.

Que eso lo diga el responsable de la seguridad del Gobierno vasco, Javier Balza, es tan grave que pudo pensarse en un lapsus. Por eso pareció una exageración que el socialista Belloch insinuase que tal vez esa filosofía explicaba la lenidad de la Ertzaintza frente a la kale borroka. En Euskadi, sin embargo, enseguida hay alguien dispuesto a demostrar que nada es inverosímil: la cabeza visible del PNV en Navarra, José Antonio Urbiola, ha redondeado el patinazo dictaminando que si se quiere negociar con ETA "la justicia penal debe quedar en suspenso". Ya lo saben los de la capucha y los extorsionadores: barra libre. Según Ibarretxe, es hora de que los políticos dejen de "hacer el ridículo" con sus "diferencias y peleas". No es posible dejar de compartir ese juicio. Si es cuestionable el acierto del PP vasco al plantear como respuesta una moción de censura, tampoco el Parlamento de Vitoria podía otorgar con su silencio. Lo mismo cabe decir de los nacionalistas que asisten espantados a esta huida adelante en la que sus dirigentes compiten en ver quién la dice más gorda.