El fiscal define el ánimo de lucro en la apropiación de Carburos y locales

El fiscal Luis López Sanz expuso ayer, en su informe de conclusiones definitivas sobre las operaciones del caso Banesto, los detalles de las presuntas apropiaciones indebidas llamadas Carburos y Locales Comerciales. En ambas, López Sanz destacó que concurría el ánimo de lucro de los acusados.En Carburos, el fiscal pide la sentencia condenatoria por un delito de apropiación indebida de 1.344 millones de pesetas para Mario Conde, Arturo Romaní, Rafael Pérez Escolar y Jacques Hachuel. En cambio, en locales comerciales, el único acusado de apropiarse 1.727 millones es el ex director general de Banesto, Fernando Garro.

López Sanz narró las maquinaciones de Conde y sus colaboradores para quedarse, en abril de 1990, con el dinero pagado por la multinacional estadounidense Air Products -los 1.344 millones de pesetas o 18,7 millones de francos suizos- a cambio de una opción sobre el 5,9% del capital de la sociedad Carburos Metálicos. Las coartadas de Conde y sus colaboradores, según López Sanz, han quedado desvirtuadas en el juicio oral, tanto por las declaraciones testificales como por múltiples documentos probatorios.

López Sanz explicó que la "justificación" principal, la de que el dinero pagado por Air Products tenía como objeto el pago de presuntos servicios prestados por el financiero Jacques Hachuel, no se había quedado en pie tras el juicio. Según narró, Hachuel participó en una primera fase relacionada con Carburos Metálicos, entre junio de 1989 y marzo de 1990, lo que le permitío a él y a una empresa en la que poseía participación, Euris, obtener un beneficio de unos 1.100 millones de pesetas por una tenencia fiduciaria de opciones (warrants) emitidas por Banesto, revendidas al propio grupo bancario.

Sin embargo, explicó López Sanz, Hachuel no tuvo participación alguna en la fase posterior, de venta de otras opciones, 672.000, que Air Products acordó adquirir en abril de 1990. Por ellas, que le permitieron tener acceso a los derechos políticos de un 5,9% de capital adicional, la multinacional norteamericana,que ya poseía el 24% de Carburos Metálicos, aceptó pagar 1.344 millones de pesetas o 2.000 pesetas por cada una de los 672.000 opciones.

López Sanz señaló que el dinero, cuyo legítimo propietario era Banesto, fue desviado a Suiza, a través de un pago controlado por un abogado llamado Peter Widmer. Fue éste quien ingresó el dinero en una sociedad de Hachuel, Mariella Real Estate Holding Establishment, enviándose desde allí la mayor parte a la Fundación Levis, domiciliada en Liechtenstein, que según el fiscal está controlada por Mario Conde y Arturo Romaní.

López Sanz hizo a continuación una puntillosa descripción de la apropiación de la Operación locales.