La magistrada justifica la orden de prisión por la alarma social que causaron los destrozos

VIENE DE LA PÁGINA 1 Remei Bona, la titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Barcelona que ordenó el ingreso en prisión de los jóvenes, justifica esa medida en "la alarma social que estos hechos han producido en la sociedad". La magistrada, perteneciente a la asociación progresista Jueces para la Democracia, explica también en su resolución que "no es de recibo que para organizar una contramanifestación, fuera necesario el destrozo de bienes" públicos y privados.

Además del delito de asociación ilícita, los 14 jóvenes encarcelados están acusados de desórdenes públicos, daños contra la propiedad, atentado y lesiones. Estos mismos cargos, excepto el de asociación ilícita, pesan también sobre otras ocho personas, seis de ellas de entre 16 y 18 años, para las que la juez acordó la libertad provisional. Durante los disturbios con la policía también fue detenido Jordi Batlle Neira, de 18 años e hijo del concejal socialista del Ayuntamiento de Barcelona Albert Batlle, aunque finalmente no pasó a disposición judicial. En su caso, la policía le acusa de injurias cuando estaban deteniendo a su amiga.

El auto judicial considera que la manifestación del día 12, convocada por la Plataforma Antifascista, "respondía a una previa organización de un colectivo o de varios que independientemente del nombre tenía como misión cometer diveros actos destructivos". En este sentido, precisa que los manifestantes se organizaron "en cumplimiento del plan previamente trazado" y así "procedieron a la destrucción de aquellos bienes que consideran contrarios a su ideología".

Por el contrario, la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona expresa su rechazo a "la tesis difundida premeditada y ampliamente" por el Ministerio del Interior en relación con las posibles vinculaciones de los manifestantes con grupos radicales vascos, entre ellos Jarrai. Los letrados afirman que las declaraciones del ministro Jaime Mayor Oreja en este sentido influyeron en la decisión del fiscal para que acusara a los detenidos de asociación ilícita. El Colegio de Abogados asegura que, por la información de que dispone, la mayoría de los jóvenes acudió a la manifestación al leer rótulos en diversas calles de Barcelona y de otras poblaciones. Del mismo modo, calificaron las detenciones de "indiscriminadas" y explican que el derecho penal se rige por el principio de proporcionalidad y de mínima intervención. "Y en este caso se han invertido los términos y se ha pasado del principio de presunción de inocencia al de presunción de culpabilidad", afirman los abogados defensores. En su opinión, la orden de prisión está "fuera de toda lógica" porque los jóvenes no tienen antecedentes penales y sólo han causado daños a la propiedad y delitos de orden público. El Colegio de Abogados de Barcelona considera que los incidentes del día 12 fueron "alborotos ocasionales" que no se pueden extraer del contexto ni del día. También censuró, según la opinión pública, que "el tratamiento policial y judicial" cuando se producen agresiones fascistas contra la integridad física y la vida dista mucho de la "contundencia y desproporción" mostradas con los jóvenes que fueron detenidos en Sants.

Anoche unos 150 jóvenes "okupas" y radicales se manifestaron por diversas calles de Barcelona para exigir la puesta en libertad de los 14 jóvenes ingresados en prisión. Los manifestantes se concentraron primero ante la prisión de mujeres de Wad-Ras y a medianoche ante la Modelo, sin que se produjeran incidentes.