Medios audiovisuales, materia sensible

Si la política lingüística de la Generalitat es un tema de debate al margen de la campaña y dentro de ella, el otro asunto permanentemente en cuestión es la gestión de los medios audiovisuales autonómicos por parte del Ejecutivo de Jordi Pujol y su política de concesiones de licencias de radio. Desde el nacimiento de la televisión autonómica (TV-3), hace ya 16 años, y a partir de que Cataluña asumiese las competencias para otorgar emisoras, en 1982, la política informativa de la cadena, sus malos resultados económicos y el reparto de las radios, cada vez que se decide, son materia sensible.Pero últimamente se ha producido un salto cualitativo: el pasado mayo, y por primera vez en la historia de la democracia española, el Ejecutivo catalán no sólo benefició en la concesión de frecuencias a grupos empresariales en los que figuran personas afines a la coalición que gobierna -algo que ya había hecho en anteriores ocasiones-, sino que además retiró mediante un simple acto administrativo la licencia a tres estaciones de radio de la cadena Cope con el argumento de que no cumplía con las cuotas de catalán que prevé la normativa autonómica.

- Licencias radiofónicas. Los grupo más beneficiados en el reparto fueron Radiocat XXI (Grupo Godó), que obtuvo diez licencias, y Ona Catalana, con siete. Pero las críticas de políticos, empresarios y profesionales a la decisión gubernamental no se dirigieron tanto a la concesión como a la retirada de tres frecuencias a la cadena Cope. Una medida insólita que descolocó a los responsables de la cadena de los obispos. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) frenó enseguida la concesión de las licencias radiofónicas.

- Política informativa de TV-3. Los informativos de TV-3, y también de Catalunya Ràdio, han estado en el ojo del huracán de las críticas de la oposición durante toda la legislatura, hasta el punto de que la izquierda parlamentaria se unió a finales del año pasado para exigir el fin del "sectarismo" de los noticiarios que emiten los medios de la Generalitat.

- Consejo Audiovisual. Este organismo, que ha empezado a operar en esta legislatura, se ha revelado inoperante para mediar en los asuntos político y socialmente conflictivos. Así, en el caso improbable de que la Cámara catalana le hubiera pedido que actuara para controlar los noticiarios de TV-3, su presidente, Lluís de Carreras, habría rechazado hacerlo a causa de la politización del CAC: sus miembros son designados por instituciones u organizaciones públicas encabezadas por determinadas opciones políticas y, por tanto, mal pueden desvincularse de esta circunstancia.

- Financiación de la televisión autonómica. El balance económico de TV-3 ha sido otro asunto discutido. La Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV) maneja un presupuesto de 36.000 millones de pesetas -14.000 de ellos son subvención-, que incluye la televisión y la radio autonómicas, y arrastra una deuda que se sitúa en torno a los 80.000 millones de pesetas, de los que 14.000 son a corto plazo. La oposición política ha criticado reiteradamente y con dureza la gestión de los medios públicos catalanes. Uno de los aspectos más cuestionados es el aumento de las compras de producción ajena en detrimento de la propia.

- Alianzas privadas. En los últimos años, TV-3 ha emprendido una nueva política de alianzas con empresas de comunicación privadas iniciada con su entrada en la productora Media Park (con el 17,6%). A través de esta sociedad participa con el 15% en Onda Digital, encabezada por Retevisión, que pondrá en marcha la primera televisión digital terrestre. También forma parte del accionariado de Vía Digital, la plataforma de Telefónica, y de Audiovisual Sport.