El gobierno de Callosa de Segura ratifica al juez su denuncia contra ediles del PP por intento de soborno

Siete de los nueve concejales que integran el equipo de gobierno de Callosa de Segura (La Vega Baja), se personaron ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela para ratificar la denuncia que presentaron, el viernes, contra tres ediles del PP, a los que acusan de intentar sobornar a un concejal socialista para traicionar a sus compañeros, integrarse en el Grupo Mixto y avalar una moción de censura para desalojar del poder local a José Pina y sentar en la alcaldía al popular Javier Pérez Trigueros.La denuncia está encabezada por José Manuel Martínez, concejal que asegura haber recibido una oferta de prebendas a cambio de modificar el color del gobierno municipal, y ha sido suscrita, además, por el alcalde José Pina y otros cinco concejales del PSPV y Democracia Socialista. Para completar el equipo de gobierno faltarían las firmas del socialista Antonio Amorós y de Francisco Zambrana, representante de EU en el Consistorio, que ayer no acudieron a la cita.

El supuesto soborno es motivo casi único de conversación en la localidad, dividida entre los que creen la versión de José Manuel Martínez y aquellos que se inclinan por apoyar a los concejales del PP denunciados, que desmienten los hechos y han anunciado una querella por injurias y calumnias contra todos los denunciantes.

El equipo de gobierno se muestra confiado en que el juez admita la denuncia y llame a declarar a los concejales populares y testigos de una reunión secreta que, supuestamente, se celebró el 28 de septiembre en una casa de la huerta. Se trata de los empresarios José Antonio Zaragoza y Luis Menargues, cuñado este último del edil que asegura haber sido presionado para abandonar la disciplina del PSPV para despejar el camino a la censura.

El primer teniente de alcalde de Callosa de Segura y portavoz de los socialistas, Segismundo Estañ, declaró ayer a las puertas del juzgado que los abogados que tramitan la denuncia ven "muchas posibilidades" de que el caso siga adelante, pese a que no existe más prueba que el testimonio de unos y otros. "Al final se desvelará la verdad", afirmó tajante Estañ, "sobre todo porque mentir a un juez es delito de perjurio y quienes actúen de esa forma pueden pasar de testigos a imputados".

Los tres concejales del PP acusados del intento de soborno aún no han presentado su querella.