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Tribuna:

La familia en Cataluña VICENÇ NAVARRO

Una de las contradicciones más acentuadas en la sociedad catalana es el contraste que existe entre el discurso oficial dominante, que define a la familia como el módulo central de la sociedad, y el escasísimo desarrollo de las políticas públicas de apoyo a las familias. Tanto si analizamos las transferencias de fondos públicos a las familias (como subsidios o exenciones fiscales) como los servicios públicos de apoyo a la familia, tales como los centros de infancia o servicios domiciliarios de ayuda a los ancianos e incapacitados, Cataluña se caracteriza por una gran escasez en el desarrollo de estas transferencias y servicios. Su gasto público en servicios de apoyo a las familias (como porcentaje del PIB) es mucho menor que el promedio de la comunidad europea, e incluso menor que el promedio español. Una situación semejante ocurre cuando analizamos la cobertura de niños, ancianos o incapacitados por tales servicios. El porcentaje de la población infantil de 0 a 3 años en escuelas públicas infantiles en Cataluña es menos de la mitad del promedio de la UE y seis veces menor que el promedio de los países nórdicos de Europa de tradición socialdemócrata. Otro tanto ocurre con los servicios domiciliarios, que cubren sólo el 1,5% de los ancianos en Cataluña, porcentaje más bajo que el promedio español (1,6%) y mucho más bajo que el promedio de la UE (4,5%) y del norte de Europa (19,5%). En plazas de residencias para ancianos, el déficit es incluso mayor: sólo Galicia y Cantabria tienen un récord peor.¿Quién cubre estas insuficiencias tan notables del Estado de bienestar catalán? La respuesta es clara: la familia cubre estos déficit. Ahora bien, cuando decimos familia, queremos decir en realidad la mujer, que es la que tiene mayor responsabilidad dentro de la familia por el cuidado de los niños y de los ancianos. Además de estas responsabilidades, se añade la de cuidar a los hijos e hijas adultos en paro que continúan en casa por faltarles trabajo y vivienda (el 84% de jóvenes parados viven con sus padres en nuestro país, frente a sólo el 5% en los países nórdicos de Europa). Todas estas responsabilidades representan una enorme carga familiar y muy en particular una gran carga sobre la mujer. La mujer catalana, junto con la española, es la que trabaja más horas a la semana en tareas familiares en la UE: 45,8 horas, comparado, por ejemplo, con 24 horas en Dinamarca. Esta situación de escaso apoyo de las políticas públicas a la familia tiene un coste elevadísimo, tanto para las mujeres adultas como para la sociedad. Las mujeres de entre 30 y 50 años de edad son las personas que tienen mayores enfermedades por estrés en la sociedad catalana. Toda mujer que lea estas líneas sabe muy bien de qué estoy hablando. Detrás de estas cifras hay gran sacrificio, desazón y agobio, síntomas de una gran sobrecarga familiar.

Otra consecuencia de esta falta de apoyo a la familia y a la mujer es el retraso en el proceso de formación familiar, puesto que la juventud encuentra serias dificultades en encontrar trabajo y vivienda, dos condiciones para comenzar un hogar. Este retraso explica la baja fertilidad de Cataluña, una de las más bajas hoy en el mundo. A no ser que aumenten los servicios públicos de apoyo a las familias, disminuya el paro femenino y mejore la situación de las viviendas para los jóvenes, Cataluña continuará con una muy baja tasa de fertilidad.

La ausencia de aquellas estructuras públicas de apoyo a la familia tiene también un costo económico enorme: explica la tan baja participación de la mujer en la fuerza del trabajo, la causa mayor de la baja tasa de actividad laboral en nuestro país. Sólo el 38% de las mujeres adultas están integradas en la fuerza del trabajo, cuando la media en la UE es del 56%. La gran sobrecarga de responsabilidades familiares de la mujer no facilita su integración en la fuerza del trabajo. No es por casualidad que los países de la UE en los que hay mayor participación de la mujer en la fuerza laboral (74%) sean los nórdicos, en los que existe un mayor desarrollo de tales servicios de apoyo a la familia. Esta integración de la mujer al mercado de trabajo es, a su vez, facilitada por la gran extensión de estos servicios del Estado de bienestar, que crean empleo no sólo por su propia expansión, sino también porque la integración de la mujer en el mercado de trabajo crea una demanda de servicios (tales como limpieza, tintorería, restaurantes) que antes se realizaban en la familia. Así, tal integración crea una demanda para nuevos puestos de trabajo. De ahí que la resolución de los problemas de las familias también contribuya a resolver los problemas del paro. Si Cataluña tuviera el porcentaje de la población adulta trabajando en los servicios de ayuda a la familia, así como en sanidad y educación, que tienen los países nórdicos, nuestro país tendría pleno empleo.

La solución a la sobrecarga de las familias catalanas no puede limitarse a dar ventajas fiscales a las que tienen niños o cuidan incapacitados o ancianos como está proponiendo la Generalidad; tiene que incluir la provisión de servicios de ayuda a las familias, tanto centros de infancia para niños de 0 a 3 años como servicios domiciliarios de atención a los ancianos e incapacitados, estableciendo el acceso de todas las familias a tales servicios como un derecho de ciudadanía, tales como hoy son el acceso a la sanidad y a la educación. La opción política gobernante en la Generalidad ha sido reacia a aceptar este principio de universalización de tales derechos debido, en parte, a su visión conservadora, que ve a la familia y a la sociedad civil como las responsables de resolver tal problema social (sobrecargando como consecuencia a la familia y a la mujer). Y en parte, también, a una supuesta carencia de fondos, argumento que entra en contradicción con su política de apoyo a la reforma fiscal regresiva que permitió a las 125.000 personas más ricas de España dejar de pagar 100.000 millones de pesetas con los cuales podría haberse ofrecido, por ejemplo, atención domiciliaria a todos los ancianos e incapacitados que lo necesitaran en España (incluyendo Cataluña), proveyendo además 120.000 nuevos puestos de trabajo. Las familias catalanas se merecen mejores políticas públicas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de octubre de 1999