UGT suspende de militancia a un dirigente malagueño por mal uso de los fondos de formación

La comisión de garantías de la Unión General de Trabajadores (UGT) va a suspender de militancia al secretario general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) en Málaga, Francisco Povedano, a quien se abrió un expediente disciplinario por haber ingresado fondos correspondientes a los cursos de formación en una cuenta bancaria particular y no del sindicato. Por este asunto existen también diligencias judiciales abiertas a instancia de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La propuesta del comité de garantías, confirmada ayer por fuentes de la dirección regional, es de una suspensión de entre seis meses y tres años, correspondiente a las faltas tipificadas como menos grave en los estatutos internos. Ahora Povedano dispone de un plazo de 10 días para presentar sus alegaciones y, una vez oido, la comisión disciplinaria fijará definitivamente el período de la suspensión.

Povedano, que dirige una de las federaciones con mayor número de afiliados, fue expedientado después de que la anterior dirección provincial de la UGT, encabezada por Juan Antonio Triviño, informara de las presuntas irregularidades a la dirección federal. En la publidad de los cursos de formación organizados por la FSP malagueña figuraba un número de cuenta para que los interesados efectuaran los ingresos que resultó no ser de titularidad de la UGT. La cuenta pertenecía a una academia particular que tenía registrado como domicilio la sede de una agrupación socialista malagueña. Ninguna de las fuentes consultadas ha sabido precisar la cantidad del dinero que llegó a esta cuenta.

Povedano es miembro del comité provincial del PSOE y fue uno de los principales apoyos que tuvo Francisco Oliva en las elecciones primarias para ser candidato a la alcaldía.

Antes de que la anterior ejecutiva provincial de la UGT finalizara su mandato, informó a la dirección federal de otras irregularidades en el seno de la FSP dirigida por Povedano. Entre ellas, la utilización de 25 millones de pesetas para comprar cuotas e inflar así las listas de afiliados en los procesos congresuales y de comprar unos terrenos con dinero de la UGT que luego se escrituraron a título de un particular.

También remitió pruebas de que en la sede de la FSP se produjeron escuchas y grabaciones de conversaciones telefónicas en las que intervenían, entre otros, el secretario gereral, Cándido Méndez, y su antecesor, Nicolás Redondo.