Hormaechea se enfrentará a las mismas penas cuando se repita su juicio
La Fiscalía de Cantabria mantendrá sus acusaciones contra el ex presidente de la comunidad, Juan Hormaechea, cuando se repita el juicio que en 1994 se saldó con una condena a seis años de prisión y 14 de inhabilitación, así como para las otras tres personas consideradas culpables de prevaricación en aquel proceso.El fiscal jefe de Cantabria, Lucio Valcarce, considera que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha ordenado repetir el juicio tras advertir que uno de los magistrados que le juzgó no era imparcial también afecta a los otros condenados -los ex consejeros autonómicos Roberto Bedoya, David Puebla y José Parra-, pero no puede comprometer en ningún caso a las cinco personas absueltas.
Valcarce, que espera jubilarse antes de fin de año y no intervendrá en el nuevo juicio, pidió en 1994 a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) 18 años de inhabilitación para Juan Hormaechea, como autor de un delito continuado de prevaricación y de otro de malversación.
Dinero público
Sin embargo, entre los cargos imputados por la Fiscalía al entonces presidente cántabro no figuraba el pago con dinero público de unos anuncios en la prensa donde Hormaechea descalificaba a sus adversarios políticos, hecho por el que éste recibió la parte más grave de su condena: seis años de cárcel y siete de inhabilitación.Ese cargo había sido formulado por la acusación particular -ejercida principalmente por los diputados de la comisión que había investigado la gestión del primer gobierno de Hormaechea- y tanto el TSJC como el Tribunal Supremo lo declararon hecho probado. El fiscal jefe explicó que va a sopesar si también lo incluyen en su lista de acusaciones contra el ex presidente: "Si la acusación particular se retirase del proceso, nosotros nos plantearíamos si debemos añadir a nuestro escrito de calificación esa malversación, ya que el Tribunal Supremo lo condenó por los hechos a los que ésta se refería", manifestó. Hechos probados
El abogado de los cuatro diputados querellantes, Benito Huerta, desconoce si éstos continuarán ejerciendo la acusación. Otro de los letrados acusadores, Santiago Pérez Obregón, que representaba a un grupo de constructores burgaleses, es en la actualidad magistrado de la Sala del TSJC que condenó a Juan Hormaechea.
El fiscal jefe cree que los delitos que el Tribunal Supremo declaró probados condicionarán los reproches que el Ministerio Público haga a los acusados, porque, aunque el juicio deba repetirse, la sentencia del Constitucional no cuestiona los hechos ni las pruebas, sino únicamente la imparcialidad de un magistrado.
Respecto al tribunal que deba juzgar el caso, el fiscal cree que ha de ser una de las tres secciones de la Audiencia de Santander, puesto que ninguno de los condenados es ahora aforado.
