La Fiscalía recusa a dos jueces del tribunal del "caso Intelhorce" por falta de imparcialidad

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga ha recusado a dos de los magistrados que componen el tribunal del nuevo juicio del caso Intelhorce por entender que ambos carecen de "imparcialidad objetiva" y que por consiguiente el proceso podría resultar viciado. La recusación, que también solicitarán varias de las defensas, motivó ayer la suspensión del juicio que, casi un año después de su inicio, debe celebrarse de nuevo desde el principio por una falta de previsión en la jubilación del presidente del tribunal, lo que ha causado gran malestar entre las partes implicadas.

La sesión de ayer repitió el guión ya conocido de la vista oral más larga de la historia judicial de Málaga: Suspensión a los pocos minutos de comenzar. El malestar de las partes, especialmente de las defensas, es cada vez más evidente. Casi nadie entiende que el juicio deba repetirse desde el principio tras la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de jubilar al presidente del tribunal, Miguel García, y no autorizarle una prórroga hasta el final del juicio del caso Intelhorce. La vista se inició el 28 de octubre del año pasado y consumió sus primeros siete meses en el debate y deliberación de las cuestiones previas. La Fiscalía entiende que si el juicio debe repetirse desde el principio debe ser con un tribunal completamente nuevo, por lo que ha recusado a los magistrados Federico Morales y Andrés Rodero, que ya formaron parte del anterior. Según la fiscalía, estos dos jueces están "contaminados". "Están prevenidos y tienen prejuicios porque ya resolvieron cuestiones previas que afectan directamente a la sentencia", explicaron fuentes de la Fiscalía. El abogado defensor Carlos Larrañaga, que representa al ex presidente de la empresa pública Improasa que gestionó la privatización de la fábrica textil en 1989, recordó que los dos magistrados en cuestión "no sólo decidieron sobre las consideraciones previas, sino que ya han oído el testimonio de algunos de los acusados". El juicio se encontraba en la fase de interrogatorios cuando fue suspendido por las vacaciones de verano hasta que en septiembre, cuando iba a reanudarse, se comprobó que había llegado el momento de la jubilación del presidente, cuestión que según comparten las defensas y la Fiscalía era absolutamente previsible cuando comenzó la causa. Nueva dilación La Fiscalía explicó que ha considerado la dilación que puede suponer en el proceso la designación de un nuevo tribunal, pero entiende que está en juego una causa mucho mayor como la imparcialidad, y por tanto el derecho constitucional a un juicio justo. Además, entiende que si ahora no se depuran los vicios en el proceso se corre el riesgo de que se pierda mucho más tiempo pues podría darse la circunstancia de que una vez concluido el juicio el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decretaran la repetición de la vista oral por no cambiar al tribunal. La elevada cantidad de cuestiones previas presentadas por las partes y otros recursos sobre cuestiones procedimentales como la recusación del magistrado Federico Morales, que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), hicieron que la fase preliminar de la vista se prolongara más de seis meses. Los dos magistrados recusados ya adoptaron en ese período decisiones fundamentales relativas a la competencia de la sala para juzgar el caso, a la posible consideración de causa ya juzgada, al número de acusados, al levantamiento de algunas de las imputaciones, así como sobre las garantías procesales de los imputados durante el polémico proceso de instrucción. Antes de todo ello, el tribunal decidió también que el juicio se celebrara sin que se sentara en el banquillo el abogado José Manuel Muñiz, el principal acusado junto al empresario italiano Giovanni Orefici, que tiene disminuidas sus facultades por una grave enfermedad. La vista se inició el 28 de octubre del año pasado y consumió sus primeros siete meses en el debate y deliberación de las cuestiones previas. La instrucción del sumario se inició en noviembre de 1994 en el juzgado de instrucción número 11 de Málaga donde se sumaron las dos querellas presentadas por la Dirección General de Patrimonio del Estado y la empresa pública Improasa contra los gestores privados con otra suscrita por la UGT en la que también se pedían responsabilidades a miembros de la Administración que participaron en la venta de Intelhorce. El juez instructor, Juan Francisco Ramírez Barroso, cerró el sumario en mayo de 1997 con un total de 42 acusados. Durante las fases del juicio celebrado entre octubre y junio pasados se levantaron algunas acusaciones, de forma que sólo quedaban en el banquillo 28 acusados. El presidente de la sala ha dado de plazo a las partes hasta el próximo 9 de octubre para que presenten todos los escritos de recusación que estimen oportuno. Después deberá ser la sala especial del TSJA la que resuelva la recusación de los dos magistrados, decisión que según estimaciones de algunas de las partes no se producirá al menos hasta dentro de un mes.