La intervención política en las cajas
La designación de Juan Pedro Hernández Moltó como presidente de Caja Castilla-La Mancha ha vuelto a desatar la polémica de la intervención de los políticos en los órganos de gestión de las cajas de ahorro. Hernández Moltó es uno de los políticos de más renombre entre los socialistas de la comunidad autónoma, organización de la que llegó a ser secretario general.Ahora es diputado nacional y jefe de la oposición en la ciudad de Toledo. Estuvo a punto, incluso, de ser el nuevo alcalde de Toledo en los últimos comicios. En su vida parlamentaria siempre se ha movido en el terreno económico. Fue, por ejemplo, el portavoz de su grupo cuando el caso de Mariano Rubio llegó al Parlamento.
Éste no es un caso único en el mundo de las cajas. Normalmente, los responsables de estas entidades están siempre cerca del partido que gobierna en su región, aunque no sean militantes. E, incluso, el poder central coloca a uno de su cuerda en la CECA. Pasó con Braulio Medel y el PSOE; pasa ahora con Manuel Pizarro y el PP.
El Banco de España siempre ha mostrado mucha preocupación por esa entrada masiva de políticos en las cajas, aun reconociendo que deben estar presentes en ellas. Desde el palacio de Cibeles siempre se ha defendido que la gestión esté en manos de profesionales y no haya injerencias políticas.
Es difícil de conseguir. Pero no por ello deja de vigilar. Por ejemplo, sigue con mucha atención la evolución de las negociaciones de la ley andaluza, así como del proyecto del Gobierno Chaves de constituir una gran caja en esa comunidad autónoma. Una posibilidad que cada vez parece contar con menos apoyos debido a las diferencias entre las propias cajas o los posibles problemas con la competencia, como le ocurre a las gallegas.
En el Banco de España aún se recuerda que casi todas las últimas leyes autonómicas de cajas han conllevado aumento del poder político. Incluso que normas de rango inferior, caso de Castila y Léon, obligan a las cajas a dirigir gran parte de sus inversiones a proyectos prefijados. Es más, cuando la autoridad monetaria da serias advertencias a la gestión de una caja -caso del expediente abierto a Caja Cantabria recientemente-, las fuerzas políticas respetan su estable equilibrio sin fisuras. A veces sucede lo contrario, que las diferencias políticas, caso de Caja Canarias, provocan la salida de su alta dirección.
Los partidos políticos se defienden argumentando que apoyan que la gestión de las cajas sea lo más profesional posible. Y remarcan que el hecho de que haya personas que proceden del campo político en la gestión de las cajas de ahorro no significa que éstas vayan a tener problemas indefectiblemente. Señalan, incluso, que las autoridades económicas han tenido que emplearse más a fondo con los bancos (el caso más reciente es el Banesto de Conde) que con las cajas de ahorro.
