Tensión entre Zaplana y Tarancón al destaparse el fraude del María de Icíar

La crisis abierta en la Consejería de Educación tras conocerse que el colegio privado María de Icíar, elegido por el consejero Manuel Tarancón para inaugurar el curso y justificar su política de conciertos con centros de élite, estaba siendo investigado por el Ministerio de Trabajo desde 1995 por un delito de defraudación a la Seguridad Social de 83 millones, ha ahondado las diferencias entre el presidente Eduardo Zaplana y su responsable de Educación, llegándose a barajar la posibilidad de la dimisión.

El entorno político más cercano al presidente Zaplana reconoce que el escándalo "ha molestado mucho" al jefe del Consell, quien en su momento ya había desaconsejado la decisión de Tarancón de inaugurar oficialmente el curso escolar, precisamente desde el colegio María de Icíar, uno de los escenarios de la polémica social desatada tras la decisión de la Administración de concertar una decena de centros privados de élite y del Opus Dei. "La posibilidad de una dimisión no se descarta, pero se valora el coste político ante la inminente campaña para las elecciones generales", precisaron las mismas fuentes, que sostienen que lo que sí ha habido es "una pérdida de confianza" del presidente hacia el consejero. La ceremonia de apertura de curso, inusual en la tradición del sistema educativo valenciano, recibió entonces un aluvión de críticas y fue calificada de "provocación" por los sindicatos y la oposición, que rechazan la política selectiva de conciertos por tratarse de una Comunidad donde la LOGSE sólo está implantada en un 60% (cifras oficiales); en la que un tercio de los estudiantes de primer ciclo de ESO sigue escolarizada en colegios; y cuando se han cambiado las funciones del Instituto Valenciano de la Vivienda para acelerar la construcción de 23 institutos que consumirán 13.500 millones (más de la mitad del presupuesto del instituto). Diferencias de fondo Con todo, las diferencias entre el jefe del Ejecutivo valenciano y su consejero no habían pasado del plano formal hasta que el pasado 22 de septiembre la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo ordenó a la Consejería de Educación embargar la subvención de 64 millones para el María de Icíar por un delito de defraudación tributaria a la Seguridad Social que asciende a más de 83 millones. Sin embargo, la actitud de Tarancón de rebajar el asunto a un problema de deficiencias en la actual normativa de conciertos para detectar este tipo de fraudes y alegar que ha sido fruto del "engaño" por parte de la empresa con la que se concertó (una sociedad limitada tutelada por la familia Rey de Artega, cuyos problemas financieros son de sobra conocidos), ha sido decisiva. Su posición en el Consell se hace cada vez más insostenible ante el envite de los sindicatos, que han recurrido la orden de conciertos ante el Tribunal Superior de Justicia y advierten que las irregularidades en el proceso han sido múltiples y afectan a otros centros. De confirmarse las denuncias, será difícil sostener que los últimos conciertos no son fruto de la discrecionalidad, y la Administración quedará debilitada y expuesta a una demanda por prevaricación. En esta tesitura, sostienen las mismas fuentes, el cese de Tarancón tendría un coste político menor y podría justificarse, no como una crisis de gabinete, sino como una apuesta por la transparencia en la gestión pública.