El PSOE emplaza a todos los partidos a acabar con el transfuguismo

El PSOE se halla a la espera de que el ministro para las Administraciones Públicas, Ángel Acebes, responda a su petición por escrito del pasado 29 de julio de que convoque a los firmantes del pacto contra el transfuguismo con el fin de ponerle coto. Su secretario de Política Municipal, Alfonso Perales, aseguró ayer que su partido está actuando contra aquéllos de sus militantes que han ignorado las indicaciones de la dirección sobre el signo de algunas alcaldías. Izquierda Unida (IU), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Unión Valenciana ya han respondido afirmativamente a su carta. El PSOE tiene guardadas en su cajón dos proposiciones de ley para poner trabas a los tránsfugas no permitiéndoles firmar mociones de censura. De momento, su intención es que sea el Gobierno, a través del Grupo Parlamentario Popular, el que las promueva en unión de las restantes fuerzas.Cuando los socialistas anunciaron sus iniciativas, en agosto, diferentes portavoces del PP afirmaron que las veían con buenos ojos, a sabiendas todos de las dificultades legales, ya que el acta de concejal, como la de diputado, pertenece a la persona y no al partido tal y como ha establecido el Tribunal Constitucional.

Perales reunió ayer en la sede federal del PSOE, en Madrid, a todos los responsables municipales de sus federaciones para analizar el transfuguismo en sus ámbitos, hacer balance de los 100 primeros días de gobiernos municipales y ver la puesta en marcha de iniciativas para los jóvenes en sus ayuntamientos.

Antes de que comenzara la sesión, Perales mostró su satisfacción por los pactos a los que el PSOE ha llegado con IU, Unión Mallorquina, el Partido Aragonés, el BNG y otras formaciones progresistas: "Las alianzas han dado una gran estabilidad, lejos de la hecatombe que auguraba el PP, que se arrepentirá muy pronto, cuando en las elecciones generales los ciudadanos muestren su apoyo a estos acuerdos".

Almunia y los constructores

A su vez, el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, se reunió con la Confederación Nacional de Subcontratistas y la de Asociaciones de Fabricantes de Construcción, con las que estableció varios compromisos. Sus portavoces se quejaron ante él de la enorme demora que sufren en la recepción de los pagos por los servicios que prestan, lo que les supone unos 15.000 millones de pesetas en intereses, según sus cálculos. Aseguran que tardan hasta siete meses en cobrar en tanto que las grandes empresas con contratos con la Administración perciben sus facturas en no más de dos meses.

Almunia se comprometió a llevar en su programa electoral las reivindicaciones de este sector al asumir plenamente sus demandas. Para ello habría que modificar la Ley de Contratos de la Administración del Estado, aunque los cambios también tienen que afectar a la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo.