Una central sindical achaca a ediles populares de Cádiz una supuesta prevaricación por la contratación de policías

El Sindicato de Trabajadores Públicos (STP), mayoritario en el Ayuntamiento de Cádiz, acusó ayer a la alcaldesa, Teófila Martínez (PP), al concejal de la Policía Local, Enrique García Agulló, y al ex edil de Personal, Francisco Súnico, de ser "corresponsables políticos" de una supuesta "prevaricación" por la contratación de agentes locales. El STP ha decidido denunciar el caso casi un año después de que se produjera. Rosario Carrero, secretaria general del STP y presidenta de la Junta de Personal del Ayuntamiento, informó ayer de que el tribunal que presidió las pruebas para el acceso de 14 policías interinos a la plantilla de la Policía Local, celebrada en diciembre de 1998, admitió a siete personas "a sabiendas" de que no cumplían algunos requisitos, entre ellos la edad máxima, establecida en 30 años. Negociación Carrero explicó ayer que llevan un año intentando negociar una solución, pero que ahora, cuando se va a convocar un concurso para acceder a la propiedad definitiva de las plazas, "no quieren" que accedan a ella los policías que entraron irregularmente. "Hemos sido respetuosos, hemos intentado negociar y mediar", dijo ayer Carrero, que espera que el equipo de gobierno ofrezca una solución definitiva. La denuncia del STP coincide con el enfado de este sindicato con el de gobierno del PP, al que acusan de "obstruccionismo sindical" y de provocar "malestar y animosidad" entre los funcionarios y los trabajadores laborales, sometidos, según esta formación, a agravios económicos. Sostienen que el gobierno obstaculiza sus peticiones para utilizar los salones municipales y deniega información sobre horas extraordinarias y otras cuestiones. Esta actitud, según Carrero, contrasta con la diligencia con que los concejales atienden a otros sindicatos. El STP reclama también la revisión "urgente" de los puestos de trabajo, que están sujetos a la calificación de 1996. El concejal de Personal, José Blas Fernández, negó ayer todas las imputaciones. "Si creen que existe prevaricación que acudan a los juzgados", afirmó. El concejal acusó al sindicato de actuar por "clientelismo sindical" y "porhaber perdido cuotas de poder". Fernández también negó cualquier obstruccionismo y, respecto a la revisión de los puestos de trabajo, aseguró que durante 1999 se ha reunido ya 52 horas con este sindicato.