El alcalde cobra impuestos a los vecinos de Cañada Real a los que quiere echar

Los pobladores de la Cañada Real Galiana, a los que el Ayuntamiento quiere expulsar porque sus viviendas se levantan sobre suelo no urbanizable, pagan el impuesto de bienes inmuebles desde hace años, según acreditaron ayer muchos de ellos con el recibo municipal. Añaden que impedirán "como sea" el derribo de las casas. El alcalde afirma que tiene el permiso del juez para derribar 250 viviendas.

,A Miguel González, un trabajador de la construcción que vive en el número 27 de la Cañada Real desde hace 20 años, la actuación municipal le resulta paradójica: "Para el Ayuntamiento nuestras viviendas son legales a la hora de cobrarnos las aproximádamente 8.500 pesetas que pagamos del Impuesto de Bienes Inmuebles. Pero ahora que nos quieren echar de aquí, nuestras casas son ilegales. Esto no hay quien lo entienda", se lamenta. La policía le puso una denuncia hace dos años por construir su vivienda sobre la cañada. "Pero tan ilegal es mi casa como la carretera que asfaltó el Ayuntamiento cuando hizo el vertedero. Ambas están construidas sobre la Cañada Real", añadió.La de González es una de las casas que está en el punto de mira de la piqueta municipal. González afirma que se niega a abandonarla y asegura que ofrecerá toda la resistencia posible para que no se la tiren. "Nosotros no vivimos en chabolas", explica, "nos construimos nuestras casas poco a poco, porque la gente que vive aquí no tiene dinero. Somos gente humilde que se construye su casa pared a pared con pequeños ahorros".

Puerta de Alcalá

Los vecinos de Cañada se niegan a abandonar sus casas: "No nos vamos hasta que tiren el monumento de la Cibeles o la Puerta de Alcalá, que también están construidas encima de una Cañada Real", añadió. "Nos vienen a echar porque somos los más pobres de Madrid", añade.

El alcalde, José María Álvarez del Manzano, del PP, declaró ayer a Efe: "No consentiremos que se construya donde no está permitido" y añadió que mantendrá la política de desalojos. El regidor aseguró que tiene el respaldo judicial necesario para derribar las 250 viviendas, bares y negocios ilegales que ocupan 15 kilómetros de cañada real.

La presidenta de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Cañada Real, Elena Martín, asegura que "al Ayuntamiento se le ha ido de las manos el problema porque nunca se ha preocupado de estos asentamientos". Afirma que "los responsables municipales tenían que haber actuado antes pero no ahora, cuando la cañada tiene 11.000 personas".

El jueves, el Ayuntamiento intentó derribar dos viviendas pero los vecinos le bloquearon el paso. Todo acabó en una batalla campal que se saldó con seis heridos.