El abogado del Estado apela al déficit para bajar una indemnización judicial
El abogado del Estado pidió ayer la anulación o, al menos, una sustancial rebaja de los 25 millones de pesetas que debe cobrar la familia del cabo Samuel Ferrer, muerto de un disparo efectuado por el ex sargento Juan Carlos Miravete en el cuartel de Candanchú (Huesca) en abril de 1997, alegando que las indemnizaciones se han convertido en una especie de lotería "y luego nos quejamos del déficit del Estado".
La Sala Quinta del Supremo celebró ayer la vista del recurso presentado por la defensa de Miravete contra la sentencia del Tribunal Militar Territorial de Barcelona que le condenó a 15 años de cárcel y 25 millones de indemnización como autor de un delito de maltrato de obra a inferior con resultado de muerte.Enrique Trebolle, letrado del ex sargento, argumentó que los hechos debían haber sido calificados como una imprudencia temeraria y que el tribunal no tuvo en cuenta la enfermedad mental que padecía su cliente desde la juventud para reducir en uno o dos grados la condena.
El letrado responsabilizó indirectamente al Ejército, al subrayar que Miravete no fue sometido durante sus 18 años de carrera militar a ningún examen psicofísico, lo que impidió que se detectara su dependencia del alcohol.
El fiscal y la acusación particular, que ejerció la Oficina del Defensor del Soldado en representación de la familia Ferrer, rechazaron los argumentos de la defensa y pidieron la confirmación de la sentencia.
La intervención más sorprendente la protagonizó el abogado del Estado, responsable civil subsidiario, quien pidió que la "indemnización fuera cero o mucho menor", ya que "nos quejamos del déficit fiscal", cuando "todos disparamos con pólvora del Rey". Criticó la "generosidad" de los tribunales a la hora de fijar indemnizaciones "y la moda de que el Estado pague por todo, lo que está costando decenas de miles de millones, como en el caso de la colza".
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