Un tesoro de más de 120 obras

Aunque los fondos del Museo Diocesano y Comarcal de Lleida son muy ricos, el traslado de las obras que reclama la diócesis de Barbastro-Monzón puede significar un descalabro para este centro de arte sacro, que empezó su andadura a finales del siglo pasado. Técnicos del Gobierno de Aragón elaboraron el verano pasado una lista que constaba de más de 120 piezas. El paquete incluye, ni más ni menos, las tres pinturas románicas más valiosas del museo. Son tres frontales de altar que provienen de las parroquias de Buira, Berbegal y Tresserra. En cuanto a la pintura gótica, de la cincuentena de obras más representativas, 20 son de origen aragonés. En pintura barroca, de 110 obras catalogadas, también una veintena llegaron a Lleida desde la franja oriental de Aragón. El resto de las obras reclamadas abarca todas las épocas y géneros: desde una casulla de seda e hilos de oro y plata del siglo XV, a seis candelabros del siglo XIX. Entre todos estos objetos, los técnicos del Museo de Lleida creen que pueden defender dos: un retablo de Monzón y una tabla de Binaced que antes de llegar a Aragón habían formado parte de la Seu Vella de la ciudad. Las obras que guarda el Museo de Lleida son unas 2.000 y proceden todas ellas de depósitos que las parroquias de la diócesis hicieron a lo largo de más de un siglo. Desde que se desató el conflicto -originado por la segregación en 1995 de las parroquias aragonesas que pasaron al obispado de Barbastro-, los técnicos del museo y el obispo de Lleida, Ramon Malla, han pedido a las altas jerarquías eclesiásticas que se mantuviera la unidad de la colección. El primero que se pronunció a favor de las pretensiones aragonesas fue el nuncio del Vaticano en España, Lajos Kada. En junio del año pasado denegó a Malla la solicitud de seguir guardando las piezas. En respuesta, el obispo apeló a la conferencia para los obispos y a la Signatura Apostólica. Profesionales de los museos catalanes se preguntaron entonces por qué era el Vaticano el que tenía la última palabra sobre un museo en el que la Generalitat ha invertido más de 600 millones de pesetas y el Ayuntamiento y la Diputación de Lleida más de 200 cada uno. Pero la Iglesia, dicen los expertos en derecho eclesiástico, como propietaria de las obras, puede hacer lo que quiera con ellas, salvo sacarlas del territorio español.