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Aznar no recibirá a los firmantes de Lizarra porque representan un "proyecto de imposición"

Luis R. Aizpeolea

El presidente del Gobierno no recibirá a una delegación del Pacto de Lizarra. La alianza nacionalista, que actuó como plataforma política de la declaración de la tregua indefinida de ETA, anunció el pasado domingo su intención de solicitar una entrevista discreta con José María Aznar, pero se ha topado con el rechazo del Gobierno, que, según fuentes del Ejecutivo, no quiere "favorecer un proyecto basado en la imposición". Pese a esta negativa, el lehendakari, Juan José Ibarretxe, en su próxima entrevista con Aznar, le pedirá que reciba a los firmantes del acuerdo.

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El Gobierno ha declarado la guerra política al Pacto de Lizarra, que agrupa a todos los partidos y sindicatos nacionalistas y a distintos colectivos y asociaciones vascos. Para el Ejecutivo, el foro nacionalista no es más que una continuación de ETA por la vía ideológica y recela de sus "pretensiones de imposición" en la sociedad vasca. La declaración elaborada el pasado domingo en Durango (Vizcaya) por los firmantes del acuerdo con ocasión del primer aniversario de su constitución, fue analizada ayer en la habitual reunión de los lunes en La Moncloa del equipo más cercano a Aznar.El Gobierno estima que el Pacto de Lizarra no ha sacado "ninguna conclusión" de lo ocurrido en Euskadi desde la declaración de tregua indefinida de ETA, hace un año. La declaración de Durango propone una "nueva fase de diálogo", con todos los partidos, para "resolver un conflicto histórico de naturaleza política" que afecta a la territorialidad, al sujeto de decisión y a la soberanía.

Sin embargo, para el Ejecutivo, la valoración más importante de este periodo viene marcada por el resultado de las elecciones municipales y autonómicas, a las que el Pacto de Lizarra ni siquiera menciona en su declaración. "No se refieren a las elecciones para nada. Son incapaces de aceptar lo que han dicho las urnas, esto es, que el País Vasco es plural", señalan fuentes gubernamentales.

Al envite del Pacto de Lizarra al Gobierno y a los partidos de ámbito nacional a que presenten alternativas a su defensa de un "ámbito vasco de decisión", la respuesta del Ejecutivo es que "ya existe con el Estatuto de Gernika": "Un amplio sector del País Vasco está cómodo con el Estatuto, en el que se plantea una clara configuración institucional del país. No deseamos cambiarlo".

La pretensión del Pacto de Lizarra de relanzar una campaña internacional en favor de sus propuestas se ve desde el Gobierno como "un nuevo error" y un "mal camino" elegido por los nacionalistas. El Ejecutivo critica además que el foro nacionalista no haga autocrítica alguna y, por el contrario, culpe de su parálisis al Gobierno y los partidos no nacionalistas.

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La "única salida a la crisis" del Pacto de Lizarra pasa, según el Gobierno, porque sus componentes se replanteen sus propuestas y asuman la pluralidad de Euskadi. "Ha llegado el momento del cambio para aquellos nacionalistas que no quieren romper con el Estatuto de Gernika y su relación con España", afirman las mismas fuentes.

En esas condiciones, Aznar no quiere recibir a una delegación de Lizarra. "No tiene sentido que con la entrevista edulcoremos un proyecto que es de imposición a los vascos. No se debe favorecer ese proyecto", manifestaron dichas fuentes.

Aznar preparó el terreno para esta decisión el pasado viernes, en su rueda de prensa en La Moncloa, donde arremetió con dureza contra el Pacto. "Es el vehículo que utiliza ETA para condicionar la vida política del País Vasco", dijo, y agregó que el Pacto, que en su opinión está en crisis, es "un problema para quienes lo han firmado". "No tienen por qué trasladar ese problema a la sociedad", afirmó, en alusión al PNV.

Por otra parte, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao acordó ayer la libertad condicional del preso de ETA José María Zubiaurre Portugal tras cumplir casi 19 años de cárcel. Zubiaurre, de 49 años, formó parte del comando Oxobi y fue condenado a penas que sumaban 174 años por varios delitos, entre ellos el asesinato del comandante José María Herrera, en enero de 1979 en San Sebastián; el del vecino de Rentería Cándido Acuña, en abril del mismo año, y el del coronel del Ejército jubilado Eugenio Saracibar, en febrero de 1980.

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