El fiscal pide 10 años para un guardia civil por una muerte

El fiscal solicita un total de 10 años de cárcel para el guardia civil Julián María B.M. por una grave imprudencia que costó la vida a su amigo Bernardo Muñoz Rodríguez el 28 de mayo de 1995. Muñoz falleció tras estallarle en pleno rostro una granada de mortero que el guardia escondía en su vivienda, situada en el municipio de Getafe, junto a un auténtico arsenal de armas y municiones. El juicio contra Julián María se celebrará en la Audiencia de Madrid el próximo día 21.

El fiscal le acusa de un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte (por el que le pide dos años de cárcel), de otro de depósito ilegal de armas y municiones (seis años) y de un delito continuado de falsedad en documento oficial (dos años). Los hechos, según el escrito de acusación provisional elaborado por el ministerio público, acaecieron la tarde del 28 de mayo de 1995 en el interior de la vivienda que el procesado posee en el municipio de Getafe.

Esa tarde, Julián María, miembro del instituto armado, invitó a su casa a tres amigos para exhibirles el arsenal de armas que ilegalmente poseía, pues carecía de las oportunas licencias: tres granadas de motero, pistolas automáticas y decenas de cartucheras repletas de munición, entre otras.

No contento con exhibirlas, el acusado permitió a Muñoz, saltándose "las más elementales normas de prudencia y precaución", manipular una granadas de mortero de 60 milímetros. Muñoz, describe el fiscal, comenzó a tocar el explosivo "en la lógica creencia de que carecía de potencial explosivo". Lo cierto es que el artefacto estaba en perfectas condiciones "y mantenía intacta la espoleta y las cargas iniciadoras y multiplicadoras" de la detonación, añade.

Dos víctimas más

Bastaron unos segundos de manipulación para que se produjese una tremenda explosión que, aparte de los daños ocasionados en la vivienda, segó casi en el acto la vida de Muñoz, que no fue la única víctima. Juan Manuel Muñoz, su hermano, que también se hallaba en la vivienda observando el arsenal de armas, sufrió heridas importantes y precisó asistencia sanitaria. El otro herido fue José Luis Rodríguez, que sufrió una herida en un dedo y requirió atenciones médicas durante una semana. Aparte de la granada que causó la muerte a Muñoz, la policía halló en casa del acusado otras dos granadas de mano "de utilización ofensiva" y que, por suerte, no llegaron a estallar.

Vecinos despavoridos

El estruendo de la detonación hizo cundir el pánico entre los vecinos del inmueble, que salieron despavoridos a la calle. La policía registró la vivienda del acusado y, aparte del arsenal de armas y explosivos, intervino carnés falsos y abundante documentación oficial sobre atestados. En el juicio que se iniciará contra el guardia el próximo día 21 en la Sección Primera de la Audiencia, el fiscal reclamará al tribunal que el acusado indemnice con 40 millones de pesetas a los familiares del fallecido y con algo más de 100.000 pesetas a los otros dos heridos.

José Manuel Barahona, abogado de la familia del fallecido, solicita que la indemnización sea de 50 millones de pesetas para los herederos de la víctima mortal. A diferencia del fiscal, le atribuye cinco delitos: los tres que imputa el acusador público y otros dos más "por omisión del deber de socorro y omisión del deber de impedir determinados delitos o ponerles en concimiento de la autoridad".

El relato de hechos de Barahona es muy similar al del ministerio público, si bien el letrado avanza que, tras la detonación, el guardia "pidió calma a sus amigos [mientras Muñoz agonizaba] y, en lugar de pedir auxilio, como hicieron los otros dos heridos, "procedió a recoger las armas y explosivos que consideró más peligrosos, los metió en una bolsa y los ocultó en el maletero de su coche", un Renault Clio. En concreto, escondió "una granada de mano de la Guardia Civil, 57 cartuchos del calibre 7,63, una llave de pugilato y una pistola Astra.