La desviación del IPC obligará a revisar la mitad de los convenios
La desviación de la inflación por encima del 1,8%, inicialmente prevista por el Gobierno para este año, obligará a revisar la mitad de los convenios y a aplicar las cláusulas de garantía que ha firmado el 62% de los trabajadores con pactos cerrados. En total son 3.700.000 los asalariados con cláusula de revisión, y en la mayoría de los casos lo comprometido con sus respectivas empresas es que debe aplicarse si el índice de precios al consumo (IPC) se sitúa por encima del 1,9%. En otros convenios se ha fijado que empiece a operar con una cifra algo más elevada. Para los funcionarios, el Gobierno no tiene tomada todavía ninguna decisión sobre una hipotética compensación en los salarios por la desviación del IPC por encima de las previsiones, según manifestó ayer el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes. Los sueldos de los empleados públicos han experimentado este año un incremento del 1,8%, idéntico al objetivo de inflación.
El IPC interanual se situó en julio en el 2,2%, y el Ejecutivo ha avanzado ya que revisará el objetivo al alza cuando conozca el dato de agosto la próxima semana. Ayer, el secretario general del Partido Popular, Javier Arenas, declaró ante parlamentarios de esta formación política que la inflación "parece que se va a quedar en el 2% o en el 2,1%".
