Problemas de ricos

El Gobierno francés admite que acabará el ejercicio fiscal de 1999 con unos ingresos suplementarios (no previstos al comenzar el año) de entre 30.000 y 40.000 millones de francos (entre 750.000 millones y un billón de pesetas). El crecimiento, que se hubiese dado por bueno de alcanzar el 2,2%, superará sin duda el 2,3%, puede que la inflación no llegue al 0,9%, el déficit se mantiene bajo control, el gasto público crece por debajo de la inflación y el paro se ha reducido en más de un 12% en dos años. Todo va demasiado bien. El 14 de julio, en su tradicional discurso el día de la Fiesta Nacional, el presidente Chirac levantó la liebre: "El dinero afluye con abundancia a las cajas del Estado", dijo, poniendo sobreaviso a unos contribuyentes que sólo sueñan con que les reduzcan el impuesto sobre la renta. Pero no únicamente a éstos. Los comunistas, aliados dentro del Gobierno de "izquierda plural", dicen que hay que aumentar el salario mínimo, dar un empujoncito a los subsidios y subir las pensiones. Los ecologistas, los Verts, admiten que "hay que proseguir la política de reducción del déficit", pero piden también que el RMI (salario mínimo de inserción, unos 3.600 francos mensuales que se pagan a toda persona de más de 26 años, que ha perdido el empleo y a la que ya se le ha acabado el derecho al subsidio de paro) se haga extensivo a los 18-26 años, es decir, a quienes acaban los estudios y no logran integrarse en el mundo laboral.

Los socialistas, que son los más poderosos de la coalición gubernamental y quienes tiran de los cordones de la Bolsa a través del ministro de Economía y Finanzas, Dominique Strauss-Kahn, no presentan un frente unánime. Laurent Fabius, desde su marginación al frente de la Asamblea Nacional, da consejos de sabio: "El excedente tiene que ser repartido en tres tercios. El primero sirve para bajar los impuestos, el segundo para reducir el déficit y el tercero para financiar las pensiones". Para Fabius, "la izquierda no corre el peligro de ser derrotada por la derecha, pero sí por los impuestos".

François Hollande, el actual primer secretario del PS, no arremete contra Fabius, sino contra Chirac: "Me parece puro cachondeo que la derecha, después de decenios de acusar a la izquierda de vaciar la caja, hoy le reproche el llenarla subrepticiamente".

Todo el mundo opina, pero es Jospin, con Strauss-Kahn como consejero, quien decide. El excedente, que en buena parte es fruto de un crecimiento de los ingresos del impuesto de sociedades en un aparatoso 33%, servirá para bajar el IVA correspondiente a trabajos de albañilería, de mantenimiento y mejora del hogar. Del 20,6% de IVA se pasará a un modesto 5,5%. "Favorecemos la creación de empleo y luchamos contra el trabajo sumergido", dice Strauss-Kahn, quien cifra lo que el Estado dejará de ingresar por esa partida el equivalente a casi medio billón de pesetas. La opción adoptada por el Ejecutivo conjuga, pues, una menor presión fiscal (la tasa profesional, un impuesto local sobre el trabajo, ha sido reducida; se ha suprimido una sobretasa que gravaba las sociedades y se admitieron algunas desgravaciones suplementarias) con el voluntarismo social que supone el haber creado los empleos para jóvenes o la ley de las 35 horas, dos iniciativas que, sumadas, equivalen a 1,8 billones de pesetas. Si Strauss-Kahn habla de "una reducción fiscal de 38.000 millones de francos" (950.000 millones de pesetas), entonces se refiere sólo a lo que ha soltado con su mano derecha y no tiene en cuenta lo que ha recuperado con su mano izquierda. En total, calculadas reducciones y aumentos, supresiones de tasas y creación de contribuciones, el Estado sólo renuncia a 5.700 millones de francos (142.500 millones de pesetas).

Jospin y Strauss-Kahn saben que muchos contribuyentes no han notado la reducción de la presión fiscal, que beneficia sobre todo a empresas y a los sectores más pobres de la población. Por eso se han apresurado a prometer para el año 2001 una revisión a la baja del doloroso IRPF. Otro impuesto al que el tándem Jospin-Strauss-Kahn quiere quitar fuerza es la tasa de alojamiento, que también pagan todos los ciudadanos con domicilio fijo. Pero todo eso son promesas, casi electorales, que dependen en buena medida de que se cumpla lo que la revista económica Challenges promete en la portada de su último número: "La crise est finie" ("Se acabó la crisis").