Temporada electoral

AZNAR HA decidido mantener su criterio de no adelantar las elecciones, pese a las voces que le aconsejaban lo contrario. Pueden encontrarse al menos tres motivos para ello: evitar agraviar a Pujol; no trasmitir el mensaje de que hay adelanto porque las cosas sólo pueden ir a peor en el futuro (lo que iría en contra del eslogan electoral de "sigamos mejorando"); reafirmar la imagen de hombre tranquilo y de palabra, no dado a las aventuras, que cultiva Aznar sobre sí mismo. Seguramente esta última razón habría bastado, pero las otras son también de gran peso.No podía desafiar a Pujol porque, incluso si la victoria del PP fuera tan segura como dicen sus propagandistas, no hay garantías de que no vuelva a necesitar del apoyo de los nacionalistas. Los cinco puntos de ventaja pronosticados por el CIS son una distancia considerable si comparamos con los 300.000 votos de separación registrados en 1996. Pero no una barrera insalvable si se recuerda que los nueve puntos que auguraban los sondeos meses antes de los comicios se vieron reducidos a 1,2 en las urnas. Cinco puntos fue la distancia que se registro a favor de la UCD en 1977 y 1979, y en ambos casos Suárez se acercó, pero no alcanzó la mayoría absoluta. Si gana, Aznar necesitará de nuevo, por tanto, el respaldo de los nacionalistas. Con la particularidad de que antes, en octubre, se habrán celebrado las elecciones catalanas. Para las que el pronóstico es incierto.

Por primera vez en 20 años, lo que se juega en las catalanas no es sólo mermar el poder de Pujol, sino disputárselo. Para ello se ha elegido un candidato de perfil filonacionalista, lo que en teoría aumenta el espacio del PP. Pero el pacto con Pujol y la polarización de toda elección indecisa reduce sus posibilidades. Una eventual victoria de Maragall no garantizaría un triunfo socialista en las generales, pero sí lo haría verosimil, y, en todo caso, encarecería el apoyo de Pujol, que atribuiría el resultado a su colaboración con Aznar. La subida unilateral de las pensiones no contributivas puede interpretarse como una toma de distancias preventiva, y precisamente en el terreno social (nosotros no somos la derecha), aunque con un pretexto nacionalista (a IPC propio, Estado de bienestar propio).

El de las pensiones se prefigura ya como el gran tema de diferenciación electoral. Tal vez sin pretenderlo, Chaves puso en marcha una dinámica que ha colocado al Gobierno en una situación incomodísima: obligado a recurrir ante el Constitucional una decisión de su socio catalán (lo que proporciona a éste un pretexto para romper cuando le interese), y a ir a remolque en un debate en el que, haga lo que haga, siempre quedará como el que se opuso a que la mejora de la economía beneficiara a los más necesitados. El reconocimiento del componente demagógico de la iniciativa de Chaves, agravado por Pujol y llevado hasta la caricatura por algún alcalde ansioso por salir en la tele, no impide admitir que sin ella al Gobierno no se le habría pasado por la cabeza convocar una reunión del Pacto de Toledo para estudiar una eventual revisión al alza de las pensiones más bajas.

Le viene a desmano este debate al Gobierno porque su principal mensaje electoral es que su presencia garantiza la continuidad de la buena marcha de la economía. Esa búsqueda del voto agradecido puede argumentarse con el crecimiento del empleo, por ejemplo, pero puede verse interferida por la discusión sobre las pensiones: los socialistas podrán argumentar que la derecha sabe crear riqueza, pero que la experiencia demuestra su resistencia a una distribución más equitativa de ese crecimiento, y que para eso está la izquierda.

El otro tema central de debate será el proceso de paz vasco. Es evidente que tras un año sin atentados la posibilidad de convertir el alto el fuego en definitivo han aumentado. Tal vez ETA pensaba sólo en una suspensión breve de actividades, pero la dinámica desencadenada le ha llevado a adquirir compromisos en el marco de Lizarra que hacen cada día más improbable el regreso. Ese cambio de perspectiva explicaría la confusión de los últimos días: HB rompe relaciones por el insuficiente reconocimiento de los contactos por parte del Gobierno, a la vez que ETA suspende sus contactos por el excesivo reconocimiento (indiscreción) de los mismos. Sin embargo, lo más significativo de la "nota de prensa de ETA" y del comunicado de anoche es que argumente en términos políticos, y no bélicos. Acusar de electoralismo al Gobierno por confirmar en vísperas del 13-J el encuentro con Mikel Antza, y hacer reproches al PNV por sus dudas poselectorales indica que quienes ahora mandan en ese mundo han interiorizado los argumentos -y obsesiones-de los políticos profesionales. Lo cual es un síntoma más bien esperanzador.