La Fiscalía Anticorrupción interroga al padre de la tránsfuga de Ceuta

Un alférez de la Guardia Civil adscrito a la Fiscalía Anticorrupción interrogó ayer, en calidad de testigo y durante 15 minutos, a Ángel Bermúdez, padre de Susana Bermúdez, la tránsfuga socialista que el pasado 10 de agosto, en circunstancias extrañas y de la noche a la mañana, decidió dejar su partido y apoyar una moción de censura para que el GIL gobierne en Ceuta. Ángel Bermúdez negó, según consta en el acta, que su hija haya recibido coacciones de ningún tipo. El testigo estuvo acompañado por sus nuevos abogados, los números dos y cinco de la lista del GIL en Ceuta.

Las actuaciones de la Fiscalía Anticorrupción responden a una petición del PSOE para que se investigue la posible existencia de sobornos, coacciones o compraventa de votos detrás del repentino y aún no explicado cambio de rumbo de Susana Bermúdez. La diputada pasó en un mismo día de apoyar al Gobierno de Fortes, del PP, a pasarse al grupo Mixto, firmar una moción de censura para que Gobierne el GIL y desaparecer.De hecho, aunque los rumorólogos oficiales de Ceuta, que son muy numerosos, se dedicaban a asegurar que había sido vista por la ciudad, Bermúdez continúa de momento en paradero desconocido.

El viernes por la tarde, el oficial de la Guardia Civil había llamado desde Madrid a Ángel Bermúdez para avisarle de que al día siguiente llegaría a Ceuta para interrogarle como testigo. En un ambiente relativamente informal, Bermúdez y el agente se citaron en un hotel, punto de encuentro de muchos políticos de la ciudad. Eran las 12 de la mañana. El padre de la tránsfuga apareció con sus dos flamantes abogados, recién fichados: Manuel de la Rubia y Jesús Simarro, número dos y cinco de la lista del GIL en Ceuta. El acercamiento de Ángel Bermúdez al mundo del GIL ha sido progresivo en los últimos días, a medida que se acerca el pleno de mañana, en el que el voto de su hija casi con total seguridad hará presidente al líder de este grupo en Ceuta, Antonio Sampietro. La Fiscalía Anticorrupción había sostenido hasta ahora que no sólo no suspendería el pleno del próximo lunes, como exigían los socialistas, sino que ni siquiera investigaría el caso hasta septiembre. Sin embargo, ayer se produjo la primera de las diligencias informativas, con el interrogatorio de Ángel Bermúdez. En realidad, y pese a la importancia que pueda tener el que un agente se traslade desde Madrid, el interrogatorio fue casi una pura formalidad y duró sólo 15 minutos.

El oficial preguntó a Ángel Bermúdez tres cosas. Primero, si su hija había recibido presiones para apoyar la moción de censura, a lo que Bermúdez respondió que no, para luego añadir que su hija ha actuado libremente. También le preguntó si conocía su paradero. El padre respondió que habla con ella habitualmente y que sabe que está bien.

Por último, le recordó las declaraciones de Ángel Bermúdez que se han publicado en los periódicos, de las que se podría derivar que estaba siendo coaccionado. Al menos así lo entendió el PSOE, que basó en ellas, y especialmente en unas publicadas en EL PAÍS, su argumentación en la denuncia. Ángel Bermúdez no recuerda haber dicho esas cosas, y además aseguró que últimamente no lee mucho los periódicos. Después de ese interrogatorio en los salones de un hotel, todos se dirigieron hacia la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta para formalizar allí el acta.

Alivio

En su denuncia, el PSOE pedía también que se interrogara al marido de Susana Bermúdez, a la propia tránsfuga y a Antonio Sampietro. De momento, ninguno de ellos ha sido citado, aunque no está descartado.La noticia llevó algo de alivio a los tres partidos que aún forman el Gobierno de la ciudad autónoma, PP, PSOE y PDS. Si el viernes por la noche todos estaban reunidos para darse ánimos de cara a su más que probable pérdida del poder, ayer los dirigentes de estas formaciones se mostraban algo más optimistas. Según aseguraban, la fiscalía ha dado con este paso muestras de que tiene interés por investigar este turbio asunto cuanto antes. En privado, la mayoría de los dirigentes no acababan de creerse en los últimos días que el Gobierno no presionara de alguna manera a la fiscalía para que actuara rápidamente. Sin embargo, y pese al moderado optimismo, prácticamente todos los dirigentes consultados creen que el objetivo principal, que es suspender el pleno, está muy lejos de lograrse, pese a las diligencias que se abrieron ayer.