La Generalitat quiere privatizar la vigilancia de prisiones y juzgados

A escasas semanas de que se disuelva el Parlamento catalán y se convoquen las elecciones autonómicas en Cataluña, el consejero de Gobernación, Xavier Pomés, anunció ayer que la Generalitat quiere privatizar la vigilancia de las prisiones y juzgados, con la sustitución de los Mossos d"Esquadra -la policía autonómica- por guardias de seguridad. De esta manera, la Generalitat podrá contar con los 900 mossos que realizan estas tareas para cumplir con el calendario de su despliegue por toda la comunidad.La oposición, incluido el Partido Popular, calificó la idea de "temeraria" y "peligrosa", y criticó en bloque que el Gobierno de CiU "improvise" en materia de seguridad al margen del Parlamento regional cuando está a punto de agotarse la legislatura.

Xavier Pomés, en declaraciones a Radio Barcelona-SER, explicó que la privatización de la vigilancia penitenciaria y de los juzgados todavía ha de ser consensuada entre el Departamento de Gobernación y el Ministerio del Interior. "Podríamos tomar la decisión por nuestra cuenta, pero creo que esto no sería comprendido", añadió.

Según el consejero de la Generalitat, "hay servicios penitenciarios que pueden ser llevados por personas seleccionadas, formadas y que hayan pasado los filtros de las empresas de seguridad. [Estos servicios aluden a] todos aquellos aspectos de la vigilancia estática que no requieren de la presencia de un profesional con formación en derecho penal, criminología o psicología". Pomés dijo que la experiencia que al respecto se ha realizado en otros países ha llevado a la Generalitat a copiar la iniciativa.

Críticas de toda la oposición

El portavoz socialista en la Comisión de Seguridad Ciudadana en el Parlamento, Xavier Guitart, calificó de "temeridad" la idea de privatizar la vigilancia de las prisiones. Guitart, que ha denunciado la existencia de irregularidades en el sector de la seguridad privada, pidió recientemente al Gobierno catalán que controle el intrusismo que en su opinión se produce en este campo.El PP, apoyo parlamentario de CiU, también descalificó las intenciones del consejero de Gobernación. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Josep Curto, se preguntaba: "¿Qué se esconde detrás de esta propuesta? ¿De qué forma se contratará a las empresas de seguridad?".

Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya (IC-V) se sumaron a las críticas. El diputado de IC-V Jordi Guillot rechazo "cualquier intento de americanización" de las prisiones catalanas: "La experiencia de los países que han privatizado la vigilancia de las cárceles es muy negativa para la garantía de los derechos y deberes de los reclusos".

Por su parte, CATAC-Presons, el sindicato mayoritario en las cárceles catalanas, manifestó también su "más frontal y rotundo rechazo". El sindicato argumentó que la actual Ley General Penitenciaria no permite a la Generalitat tomar esta decisión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 18 de agosto de 1999.

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