El PSPV pedirá explicaciones en las Cortes sobre la "sospechosa" adscripción de Estema al campus de Elche

La adscripción del centro de estudios superiores Estema a la Universidad de Elche, aprobada el lunes en el pleno del Consell en contra de las recomendaciones negativas del Consejo de Universidades y del rechazo "unánime" de los rectores españoles en su última votación de julio en Madrid, despierta dudas entre los socialistas valencianos, ya que entre 1989 y 1995 el PSPV-PSOE, entonces al frente del Gobierno valenciano, trató de retrasar al máximo la reconversión de la editorial Pladol, SA, en fundación Estema mientras la Agencia Tributaria abría una exhaustiva investigación por presunto delito de fraude fiscal de 2.000 millones de pesetas. El portavoz socialista de Educación en las Cortes valencianas, Baltasar Vives, aseguró ayer que su grupo pedirá explicaciones en la próxima reunión de la comisión parlamentaria al considerar que "la Generalitat ha actuado de manera sospechosa y forzosa al aprobar la adscripción de Estema a la Universidad de Elche". La llegada del PP al poder coincide con la dilatación para aplicar el dictamen del 20 de febrero de 1997, en el que los inspectores de Hacienda resolvieron emprender "acción penal" contra los propietarios de Pladol, SA, socio único de Estema. Según el portavoz socialista, ahora la rapidez para homologar a nivel universitario los estudios que ofrece el centro, sin que cumpla con los requisitos de plantilla docente que exige la LRU, tiene "fuertes connotaciones políticas". Por otra parte, en círculos universitarios preocupa el que la recién creada Universidad de Elche aún no tenga aprobados sus estatutos: al hacerse la adscripción antes de que esté en marcha reglamento, el futuro equipo rectoral surgido de las primeras elecciones democráticas se quedará sin control para supervisar la organización, plantilla docente y niveles de calidad de las siete titulaciones aprobadas por el Consell. Según fuentes universitarias esta falta de controles administrativos y académicos sobre el centro público "roza la ilegalidad" y favorece "el fraude al usuario".