Peligra el sistema de vigilancia por televisión en los estadios por falta de pago

La Liga se ve envuelta en un delicado conflicto cuando apenas falta una semana para su inicio. Está en juego que el sistema de seguridad de los campos para luchar contra la violencia en el fútbol. El circuito de televisión que con ese objetivo controla la policía desde Madrid a través de unas 4.500 cámaras instaladas en todos los campos está a punto de ser un lujo inservible. Telefónica ha avisado de que, si antes del inicio de la Liga, el próximo 21, la policía no paga los millones que debe por utilizar su red, corta sus líneas y dicho circuito dejará de funcionar.

Fuentes de Telefónica han indicado que el Ministerior del Interior, del que depende la organización policial, ha justificado que esa deuda -ningún organismo afectado ha concretado la cifra, aunque hablan de varios millones- no se ha saldado a causa del recorte que ha decidido aplicar a su presupuesto. La policía viene utilizando este circuito cerrado de televisión, de forma experimental, desde el pasado mes de febrero, cuando Telefónica completó la instalación de una red denominada bigacom, con la que se centralizan en una base policial de Madrid todas las imágenes que captan las cerca de 4.500 cámaras de televisión instaladas en todos los campos de Primera y Segunda División. La instalación de esta red ha supuesto unos gastos próximos a los 700 millones de pesetas, de los que más de la mitad han correspondido al Ministerio del Interior y el resto, ha sido aportado por la Liga Profesional. Los clubes, además, se han gastado otros 30.000 millones más, a cargo de su Plan de Saneamiento, en la colocación de las cámaras y otros medios técnicos en todos los campos para prevenir la violencia, obligatorios desde el pasado 22 de diciembre por una orden del Ministerio de la Presidencia.Los clubes se hacen cargo del coste de la instalación y mantenimiento de las cámaras en sus campos, pero insisten que el cuidado de la red instalada en Canillas corresponde a la policía que tiene un convenio con la Telefónica para su uso. Además, los clubes ya libraron hace un año una polémica sobre el control y manejo de las imágenes grabadas, hasta entonces en manos de empleados suyos, y que a partir de ese momento se decantó a favor de la responsabilidad de la policía.

Cada campo de Primera y Segunda dispone de un sistema de cámaras -llegan hasta las 350 en estadios como los del Real Madrid y del Barça- que regulan y manejan miembros policiales en los propios campos a través de lo que se denomina UCO (Unidad de Control Operativo). Estas cámaras permiten seguir los movimientos de cualquier persona a lo largo del estadio y acercar la imagen hasta identificarla, puesto que se puede detener, digitizarla y, de ahí, obtener una fotografía de su rostro. El centro policial de Canillas Todo este sistema de control y vigilancia está conectado con una unidad central situada en el complejo policial de Canillas, en Madrid. En este centro, que lleva el nombre de CECAD (Centro Español de Coordinación de Acontecimientos Deportivos) se controla en tiempo real todo cuanto sucede durante una jornada de fútbol en la Liga española. La espectacularidad y el interés con que se valora este sistema de seguridad, único en el campo del deporte mundial, ha merecido que las autoridades policiales incluyesen su inauguración oficial, el próximo mes, por el Rey don Juan Carlos como broche de los actos conmemorativos del 175 aniversario de la constitución de la policía en nuestro país.

Las imágenes de todo incidente violento que se produce en cualquier campo quedan grabadas. Después son utilizadas como pruebas por la Comisión Contra la Violencia en el Deporte para establecer sus propuestas de sanciones tanto a aficionados como a los clubes propietarios de los campos. Si la policía no pude disponer del circuito cerrado de televisión, difícilmente podrá aportar las pruebas que utiliza ahora la Comisión Antiviolencia para realizar su trabajo.

La Comisión Antiviolencia que preside el General de Política Interior, José Ramón Onega, en uno de sus últimos balance, hizo hincapié el elevado coste, más de 1.000 millones de pesetas al año sólo en el ambito policial, que supone al Estado mantener la seguridad en los partidos de fútbol. Onega aprovechó la oportunidad para insinuar que podría haber llegado la hora en la que los propios clubes colaborasen en sufragar esos gastos, sobre todo al comprobar su incremento en las últimas temporadas. "Entendemos que ese gasto es excesivo hoy en día en que existen tantas necesidades en el orden social", avisó este alto cargo del Ministerio del Interior al mismo tiempo que advirtió de la necesidad de una revisión de este capítulo con el intento de un reparto de obligaciones y responsabilidades entre el estado y los clubes.