La policía calcula que 20.000 mujeres inmigrantes viven forzadas a prostituirse

La policía estima que 20.000 inmigrantes se ven forzadas a la prostitución en España. El borrador de la nueva Ley de Extranjería prevé que la Administración exima de responsabilidad y autorice la permanencia en España de las inmigrantes que proporcionen datos esenciales o testifiquen contra los explotadores. La expulsión de las víctimas permite hasta ahora que los responsables queden impunes en muchos casos. Los juicios contra los traficantes de seres humanos son sobreseídos, los burdeles siguen abiertos y el negocio, que mueve hasta un billón de pesetas al año, continúa.

Es una historia que empieza en una región miserable, en la otra orilla del Atlántico, en Europa del Este o más allá del Estrecho, con el engaño de una oferta de trabajo en España. Continúa en un asiento de segunda clase en un vuelo que llega a Amsterdam o Francfort y en un furgón o en el vagón de un tren, rumbo a Madrid. Termina en un club de carretera, en una vida de prostitución al servicio de una mafia. A veces, el círculo se cierra con una redada policial y una orden de expulsión de España.Las historias parecen calcadas. Las mujeres son obligadas a pagar a la mafia los costes del billete de avión, los trámites migratorios y el hospedaje. Una deuda que puede alcanzar hasta un millón y medio de pesetas, y que debe ser cubierta durante el primer mes de llegada de la inmigrante. Sólo cambian los detalles: sistemas de vídeo, perros de ataque sueltos en el burdel, o matones vestidos de camareros y de acompañantes para el control de las mujeres.

Desde enero de 1999, la Brigada Central de Extranjeros ha realizado 20 operaciones en varios hostales de carretera, donde más del 90% de mujeres es inmigrante, la mayoría sin papeles. En esas operaciones, fueron detenidas 71 personas acusadas de participar del negocio y se localizó a 218 mujeres. El año pasado fueron 463 mujeres. La Guardia Civil ubicó en 1998, en operaciones similares a otras 52; entre ellas, a siete menores de edad. Se estima que 20.000 inmigrantes están forzadas a la prostitución en España.

Tras declarar ante la policía, la mayoría de mujeres permanece detenida hasta 24 horas. Pese a que la prostitución no es considerada un delito, la ley ordena que les sea abierto un expediente de expulsión por la "irregularidad administrativa" de desempeñar una "actividad no declarada". La orden de expulsión se ejecuta en la mayoría de los casos, aunque los jueces y fiscales tienen la potestad de dejar en libertad a las víctimas que cooperen con la justicia.

Impunidad sistemática

La expulsión es la causa principal de la impunidad. Los procesos judiciales que se inician contra los jefes de las mafias, los intermediarios y los propietarios de los clubes se centran en el testimonio de las mujeres. Generalmente, los implicados son acusados de detención ilegal, de delitos relativos a la prostitución, coacción y amenazas. Pero estos cargos se sustentan en la palabra de la víctima. Sólo ella puede denunciar y testificar que ha sido secuestrada y obligada a prostituirse. Pero con la frecuente expulsión de las testigos, estos procesos se quedan en el aire.La impunidad se repite sistemáticamente. De la redada realizada por la policía en Castellón y Cuenca a inicios del mes pasado, por ejemplo, no queda ningún testigo de cargo. En esa operación fueron localizadas 37 mujeres: 26 colombianas, cinco rumanas y una de cada una de las siguientes nacionalidades: rusa, costarricense, brasileña, argentina, nigeriana y chilena. El camino ha quedado abierto para que los cuatro responsables que fueron puestos a disposición judicial queden libres de culpa. Generalmente, los clubes permanecen abiertos mientras no haya una decisión del juez, que puede tardar hasta dos años, y que se resuelve mediante el pago de una multa.

Carlos Botrán Prieto, jefe de la Sección Primera de la Brigada Central de Extranjeros, recuerda muy pocos casos de mujeres que hayan quedado custodiadas por el programa "Testigo Protegido", que ampara a los que se encuentran bajo amenaza. Una de esas excepciones es la operación realizada en tres clubes de alterne de Cádiz, Córdoba y Málaga, también el mes pasado. Fueron localizadas 43 mujeres, pero sólo dos de ellas testificarán en contra de una banda que, según la policía, ha traído a España a mil inmigrantes con fines de prostitución.

Cuando la expulsión no se ejecuta y la víctima es abandonada a su suerte, pasa nuevamente a manos de las mafias. Muchas mujeres cambian su declaración inicial o sencillamente desaparecen. En julio pasado, los cabecillas de una red dedicada al tráfico de africanas para prostituirlas junto al puerto de Valencia asestaron una cuchillada en el rostro a la mujer que se atrevió a delatarlos. En el último caso, descubierto por la Guardia Civil la semana pasada en varias provincias andaluzas, los responsables tenían ya antecedentes policiales.

La impunidad se refuerza con otro vacío legal. Sólo desde mayo pasado, el Código Penal regula la utilización de inmigrantes ilegales en prostíbulos y sanciona a los dueños de los locales. El artículo 188, en el capítulo contra el maltrato a las mujeres, establece penas de dos a cuatro años a quien "directa o indirectamente favorezca la entrada, estancia o salida de personas con el propósito de su explotación sexual empleando violencia, intimidación o engaño, o aprovechando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima".

Según Botrán, los dueños de los clubes son el último eslabón de las mafias. Estas bandas tienen un jefe en España y otro en el país de origen de la inmigrante y operan a través de intermediarios que entregan a las mujeres a los clubes bajo pedido.

El borrador de la nueva Ley de Extranjería contempla la posibilidad de eximir de responsabilidad y permitir la permanencia en España de las víctimas "que denuncien ante las autoridades competentes a los autores y cooperadores del tráfico de mujeres con fines de explotación sexual". Además, permite a la víctima elegir entre retornar a su país u optar por la residencia en España, con permiso de trabajo y "facilidades para su integración social". Un soporte jurídico para combatir una actividad comparable al narcotráfico, que genera miles de millones al año.