Las pensiones alejan a CiU del Gobierno

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, manifestó ayer que el Gobierno actuará "con todos los instrumentos legales, incluido el recurso al Tribunal Constitucional", para tratar de frenar la iniciativa anunciada el viernes por la Generalitat de aumentar las pensiones no contributivas, siguiendo el ejemplo de la Junta de Andalucía y de los Gobiernos canario y balear. Esta propuesta, que afecta a unas 70.000 personas, puede suponer un aumento mensual de alrededor de 750 pesetas en pensiones que no alcanzan las 38.000 pesetas mensuales."El Gobierno tiene que garantizar lo que dice la Constitución: que todos los españoles deben tener la misma pensión, independientemente del lugar en donde viven", dijo ayer Pimentel, en el transcurso de un acto en Fregenal de la Sierra (Badajoz), y añadió que se actuará igual con cualquier comunidad autónoma que adopte esta medida, para evitar que las pensiones acaben siendo objeto de "una batalla de pequeños sátrapas locales donde cada aldea quiera tener pensiones distintas a la de al lado".

El ministro de Trabajo insinuó, además, que no es una casualidad que tanto el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, como el de Baleares, Francesc Antich, hayan anunciado la subida de las pensiones no contributivas en vísperas de elecciones. "No se puede romper [la unidad en las pensiones] en una carrera suicida y, además, casualmente siempre en periodo electoral".

El vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, advirtió que la decisión tomada por la Generalitat implica un riesgo de ruptura de la solidaridad entre los españoles y pone en peligro las pensiones del futuro.

También el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, arremetió ayer contra la propuesta de Pujol, tachándola de "electoralista, partidista y demagoga". "Además del irrenunciable mantenimiento de la ilegalidad y de la caja única de la Seguridad Social", dijo, "aquellos gobiernos que están anunciando medidas sobre modificación de las pensiones deben saber que hay políticas que, por su responsabilidad, deben realizarse de manera consensuada, coordinada y acordada". Para ello, recordó, se firmó el Pacto de Toledo. "Y así lo entendieron los firmantes", puntualizó.

En respuesta a estas críticas salió ayer al paso el presidente balear, el socialista Frances Antich: "Es perverso que el Gobierno no afronte la mejora de las pensiones más bajas y seamos las comunidades autónomas las que tengamos que paliar esta situación de insolidaridad a través de ayudas de los propios presupuestos". Antich añadió que, si realmente el Gobierno tiene intención de tomar medidas legales, debe aplicar el Pacto de Toledo y "hacer frente al desfase en que han quedado esas pensiones".

En su mismo partido, el PSOE, el secretario de Economía, Juan Manuel Eguiagaray, señaló que a nadie le está "vedado" dedicar recursos para una ayuda adicional y recordó que el Gobierno ya ha recibido un "varapalo" del Tribunal Constitucional por el caso de Andalucía. El Ejecutivo, dijo, se aferra a un principio: "El de que las pensiones las fijo yo y cualquier otro que las fije, o que pretenda hacer una política diferente, se estará saliendo del tiesto". No obstante, el portavoz de Empleo del Grupo Socialista, José Antonio Griñán, opinó ayer que Pujol incurre en "incoherencia" al anunciar la subida de las pensiones más bajas, después de que hace dos meses votara en contra del aumento generalizado en toda España de las pensiones no contributivas que propuso el grupo socialista en el Congreso.

Además, Griñán quiso dejar claro que su partido no está de acuerdo con que las comunidades aumenten unilateralmente las pensiones para compensar la inacción del Gobierno, aunque defiende el modelo aplicado en Andalucía -y anunciado en Baleares-, que consiste en destinar un complemento de ayuda a las pensiones no contributivas y asistenciales, con cargo a los presupuestos autonómicos.

Según vaticinó ayer el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Romero, la actitud del Gobierno con respecto a la propuesta de Pujol va a ser tratada "con guante blanco", a pesar de que va "mucho más allá" que la ayuda complementaria apoyada por la Junta de Andalucía. Romero aboga por alcanzar un acuerdo para que se favorezca el acercamiento de las pensiones contributivas más bajas al salario mínimo interprofesional, mientras que las comunidades autónomas y los ayuntamientos importantes puedan complementar las pensiones no contributivas y asistenciales. De este modo, dijo, se mantendría la solidaridad del sistema de la Seguridad Social y el principio de caja única, a la vez que se beneficiaría a los mas desfavorecidos.

Desde las filas de Convergència y Unió, su portavoz en el Congreso, Josep López de Lerma, afirmó que la decisión de la Generalitat de subir las pensiones obedece a la "línea argumental basada en la petición de más poder para Cataluña y una diferenciación con el resto de las comunidades autónomas". Según dijo, la inflación en esta comunidad siempre ha estado por encima. "Lo que ha hecho que los pensionistas catalanes hayan perdido poder adquisitivo".

Tampoco el consejero de la Presidencia de la Generalitat, Xavier Trias, considera que se deba poner el grito en el cielo con esta iniciativa. "Yo no veo que esta propuesta tenga que generar tanta preocupación en el Gobierno central", dijo. Según él, éste "debería hablar con los consejeros correspondientes y buscar las posibilidades de hacer políticas comunes en algunos aspectos. Pero lo que evidentemente no se puede hacer es limitar el grado de autonomía que tenemos".

Julián Ariza, miembro de la ejecutiva de CCOO, afirmó ayer que "Jordi Pujol no sólo hace electoralismo, sino que pone piedras en el camino para erosionar el modelo de nuestro sistema público de Seguridad Social, que garantiza que en igualdad de circunstancias existan las mismas condiciones, especialmente en las pensiones". Ariza pidió que no se haga "demagogia con las pensiones, sino que se tome la decisión de subirlas todas".

En la misma línea, el portavoz de Comunicación de UGT, Antonio Ordóñez, pidió también al Gobierno un aumento general de las pensiones mínimas, dado que las condiciones económicas actuales lo permiten, y que, mientras el Ejecutivo incumpla el compromiso adquirido en el Pacto de Toledo, continuarán apareciendo comunidades con la intención de incrementarlas por su cuenta.

Por otro lado, el secretario general de Unidad Alavesa, Pablo Mosquera, anunció ayer que su formación pedirá que el próximo mes de septiembre se debata sobre las pensiones en el Parlamento vasco.