Gil tendrá que declarar como imputado en el caso Belmonsa
El fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Juan Carlos López Caballero, ha requerido al Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella que tome declaración al alcalde de la localidad, Jesús Gil y Gil, en calidad de imputado en el caso Belmonsa. La petición ha sido notificada ya al juzgado, que tendrá que tramitar ahora la citación. La implicación de Jesús Gil en el caso Belmonsa, donde se investiga la presunta concesión ilegal de una licencia de obras en zona verde, provocó diferencias de carácter jurídico entre el titular del Juzgado número 7 marbellí, Santiago Torres, que se ocupaba del caso hasta que lo apartó la entonces jueza decana, Pilar Ramírez, y el fiscal designado por Anticorrupción para investigar el caso, López Caballero. En octubre de 1998, Torres dictó un auto de sobreseimiento libre para Gil porque éste no había estado presente en la comisión de gobierno municipal donde se otorgó la licencia. El fiscal lo recurrió al considerar que podía haber participado como inductor, o que, en cualquier caso, habría conocido los hechos. En abril de este año, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, encargada de resolver la cuestión, dio la razón a López Caballero. Grado de participación Ahora Gil tendrá que detallar a la nueva instructora, María Luisa de la Hera, el grado de participación que tuvo en los hechos: si consintió que sus concejales otorgasen la licencia de obras a Belmonsa y si fue informado o incluso si diseñó el convenio de permuta que se firmó posteriormente entre el Ayuntamiento de Marbella y la promotora. El caso Belmonsa se centra en las presuntas irregularidades que se cometieron en la construcción del edificio Torremarina de Marbella. Arranca de dos denuncias distintas: una de un particular, presentada en agosto de 1997, y otra posterior de la organización ecologista Aedenat Malaka. El edificio se levantó sobre dos fincas diferentes que se unieron: una pertenecía a Belmonsa y la otra era de propiedad municipal. Parte de esta última parcela tenía calificación de zona verde, y en la otra parte el PGOU contemplaba la construcción de un edificio de planta baja más dos alturas. Para ceder la parcela de su propiedad, el Ayuntamiento firmó un convenio con Belmonsa por el que la promotora se comprometía a compensarlo con la cesión de varios locales comerciales, tres pisos del edificio y una cantidad de dinero. La firma que figura tanto en la licencia como en el convenio es la de Julián Muñoz, teniente de alcalde de Marbella, que fue quien presidió la comisión de gobierno municipal en la que ésta se otorgó y quien acudió a la reunión con la promotora. La actuación que se considera delictiva es sólo la concesión de la licencia de obras. Según la Fiscalía de Málaga, el convenio con la promotora no se considera ilegal.
