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Pelea por las cifras

El incremento de la inmigración ilegal ha causado públicas discrepancias entre el Ejecutivo autónomo y el central. Mientras el delegado del Gobierno, Antonio López Ojeda, no cree que el blindaje del Estrecho de Gibraltar condene a las islas a convertirse en la nueva ruta de las pateras, el consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Marcial Morales, ha declarado que "a pesar de los avisos que les hemos hecho llegar a los responsables del Estado, su desentendimiento ha provocado que la situación nos coja en pañales, con una costa difícil de controlar cuya vigilancia se ha reforzado, pero de manera insuficiente". Por el contrario, López Ojeda reconoce que "siendo cierto que el flujo ha aumentado y que esta situación no va a parar, no lo es menos que la consolidación de Canarias como puerto alternativo para las pateras es dudosa". A su juicio, "no puede hablarse de redes en el tráfico de inmigrantes ilegales hacia las islas". En la delegación se ha criticado duramente las cifras aportadas por las ONG, puntualizando que no hay datos que den validez a los más de 2.000 inmigrantes que, según dichas organizaciones, viven en Canarias en situación irregular. El Ejecutivo regional y las ONG propondrán al Gobierno central la regularización de los 2.000 inmigrantes que trabajan ilegalmente en las islas. La propuesta pasa por una amnistía a partir de la cual "comenzaría a aplicarse con firmeza la Ley de Extranjería en el archipiélago".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 2 de agosto de 1999