La Junta prepara un decreto que obligará a dueños de perros peligrosos a tener un seguro de 20 millones La resolución se aprobará en septiembre y será provisional hasta la redacción de una ley

Garantizar el bienestar de los perros y la seguridad de las personas. Para cumplir estos dos objetivos, la Junta lleva un par de meses trabajando en la elaboración de un decreto-puente, que regule la tenencia de los canes hasta la aprobación de una ley andaluza sobre posesión de animales. El borrador -en cuya redacción participan las consejerías de Medio Ambiente, Agricultura y Gobernación- establece la obligatoriedad de los propietarios de perros de presa de contratar un seguro de responsabilidad civil de al menos 20 millones de pesetas.

Pese a esta disposición, el texto no aclara cuáles son las razas consideradas peligrosas. Lo que sí dispone es que a partir de su aprobación, sólo podrán adiestrar perros aquellos establecimientos autorizados por la Administración autonómica. Estos centros deberán llevar un registro en el que tendrá que constar las características del animal, el adiestramiento que ha recibido y los datos de su propietario. Esta disposición responde al convencimiento compartido por veterinarios y asociaciones caninas de que el adiestramiento puede potenciar la agresividad de los perros. El borrador prohíbe la venta ambulante y las peleas caninas, al tiempo que estipula la obligación de que todos los animales, al margen de la raza a la que pertenezcan, de que sean conducidos con correa por la vía pública. El articulado dispone además que todos los propietarios tienen que censar a los perros como máximo a los tres meses del nacimiento o de la adquisición del animal, y a identificarlo con tatuaje o microchip. Los censos, que dependerán de cada ayuntamiento, confluirán luego en un Registro General de toda la comunidad autónoma. Juan Paniagua, viceconsejero de Agricultura, aclaró que se trata de un "decreto de urgencia", ante la alarma social creada por los últimos ataques de perros de presa que han acabado con la vida de algunas personas. "Una ley es más compleja y supone un proceso de elaboración más largo", añadió. Dispersión normativa El decreto puente y la futura regulación legislativa pretenden acabar con la dispersión normativa existente, ya que hasta ahora cada ayuntamiento ha establecido sus propias ordenanzas. Casi todas las grandes ciudades de la comunidad tienen disposiciones orientadas a garantizar la seguridad de los ciudadanos y el control de los perros, pero prácticamente no se cumplen, según ha constatado el Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios. Su presidente, Fidel Astudillo, no es partidario de que se prohíban las razas peligrosas: "Solo contribuiría a fomentar la ilegalidad, tendría el mismo efecto que la ley seca. Es peor que 20 ilegales, que 50 bien controlados. Prohibición, no; control, sí y mucho". La opinión es compartida por Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Canina de la Costa del Sol, y por Ildefonso Dell´ Olmo, parlamentario andalucista. El PA ha sido el impulsor de tres proposiciones no de ley aprobadas por unanimidad por el Parlamento y orientadas a regular la posesión de mascotas. Una que propone su adscripción a la Consejería de Medio Ambiente, otra que insta a dictar una ley sobre animales y una tercera que justamente proponía la redacción de un decreto puente. No está claro aún de que consejería dependerán los animales domésticos. Hasta ahora, sólo a efectos de control sanitario, se consideraban ganado. Por esa razón siempre intervenía Agricultura. El enfoque del decreto supone un avance, ya que la regulación se aborda desde una perspectiva multidisciplinar, orientada a asegurarles un trato adecuado, a proteger el medio ambiente y a garantizar la seguridad de las personas. Aunque de manera provisional, su articulado vendrá a llenar el vacío existente. En España sólo hay cuatro comunidades autónomas que aún no han regulado la tenencia de animales. Andalucía es una de ellas. El presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, Eugenio Moltó, critica la "dejadez municipal" a la hora de cumplir sus propias ordenanzas, pero desde el consejo andaluz existe la convicción de que la regulación tanto nacional como autonómica "obligará a los ayuntamientos a ponerse las pilas". Dell´ Olmo cree que el problema se ha originado porque se utilizan como animales de compañía, perros de presa que en otros países están reservados a las fuerzas de seguridad. Aún así, no es partidario de prohibir las razas peligrosas, pero sí de establecer licencias, "lo mismo que para el que tiene una escopeta".