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La oposición teme que Villalobos use su mayoría para revocar acuerdos

El PP hizo ayer valer la mayoría absoluta de la que dispone en la nueva corporación de Málaga para modificar el trazado de una de las vías de acceso a la principal zona de expansión respecto al que fue aprobado en 1997 con los votos de PSOE e IU. La decisión estuvo rodeada de polémica no sólo por los temores de la oposición a que Villalobos use ahora su mayoría para cambiar acuerdos anteriores que no sean de su agrado, sino porque el nuevo vial de La Palma obligará a derribar 12 viviendas.

Las 12 familias afectadas asistieron al pleno para hacer constar su protesta con la modificación y abandonaron la sala con gritos de "¡esto es una dictadura". Tanto PSOE como PP advirtieron al equipo de gobierno de que con la modificación del vial de La Palma "el Ayuntamiento pierde su credibilidad". El portavoz socialista, Francisco Oliva, anunció que llevará el conflicto más lejos y que va a proponer a los vecinos que reclamen judicialmente que se les indemnice por las obras de mejora que en estos años han realizado en sus viviendas y que contaban con licencia municipal. El delegado de Urbanismo, Francisco De la Torre, justificó que el trazado del vial es el "más lógico" y que las dimensiones aprobadas son las acordes para facilitar el acceso a una zona donde hay miles de viviendas en construcción, donde se ampliará la Universidad y donde se ubicará la Ciudad de la Justicia. También anunció que el Ayuntamiento dispone de una parcela que ofrecerá a los vecinos para construir en él sus nuevas viviendas con financiación municipal. De la Torre recordó que el nuevo trazado es el que se diseñó en el PGOU de 1983 con el respaldo entonces de socialistas y comunistas. En contra de los reproches de IU, que acusó al equipo de gobierno de intentar enfrentar a una docena de familias de La Palma con miles de malagueños, de la Torre aseveró que "nunca se ha sido tan generoso en unas expropiaciones". El pleno aprobó además el proyecto de presupuestos para el presente ejercicio con el voto en contra de la oposición. El concejal de Hacienda, Francisco Aguilar, reconoció que debido a la "urgencia" de su elaboración para "adecuar el normal funcionamiento de la corporación", no ha habido información suficiente a la oposición ni a otros agentes sociales de la ciudad. Advirtió de que en el futuro no será así y que su propósito es "alentar la participación". Los presupuestos, 69.000 millones de pesetas, incrementan un 15% el gasto corriente, debido, según explicó Aguilar al "importante esfuerzo" en políticas sociales. La corporación malagueña también aprobó, en esta ocasión por unanimidad, constituir una comisión formada por todos los partidos para negociar con Tabacalera el mantenimiento de su fábrica en la ciudad y, si fuera preciso, la cesión de terrenos municipales.

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