El PP traslada a Fabra competencias del pleno de la institución provincial

El pleno de la Diputación de Castellón, celebrado ayer, aprobó, con los únicos votos favorables del PP, el traspaso de competencias a la comisión de gobierno y al presidente, Carlos Fabra, que hasta ahora le correspondían. Tanto el portavoz del grupo socialista, Enrique Navarro, como el diputado del Bloc, Antoni Porcar, manifestaron sus reservas sobre la decisión.

Navarro mantuvo, después de que el tema fuera tratado en la junta de portavoces, que únicamente espera que esta medida no obstaculice, precisamente, el control sobre las actuaciones del equipo de gobierno provincial. Por su parte, Antoni Porcar señaló que, a su parecer, la práctica "correcta" es aquella por la que los grandes temas son debatidos en pleno. Ambos afirmaron su "seguridad" de que el PP no proponía esta medida para evitar la transparencia en la gestión y dejaron patente su deseo de que la práctica no demuestre lo contrario. El portavoz del PP, Víctor Campos, fue tajante en su respuesta y se comprometió a que "todos" los asuntos importantes "se tramitarán en el pleno". Campos aseguró que, aunque algunos de estos temas sean aprobados por la comisión de gobierno o por el presidente de la corporación provincial para incrementar la agilidad en los trámites, serán posteriormente trasladados al pleno, donde se podrá debatir sobre la cuestión. Con un discurso algo más moderado que en la anterior legislatura, el portavoz del PP también se comprometió a facilitar a los grupos de la oposición toda la información necesaria sobre la gestión de la institución provincial. Precisamente esta cuestión fue criticada en años anteriores porque el equipo de gobierno obstaculizaba o ofrecía con escaso plazo de tiempo los expedientes a aprobar. La delegación de competencias aprobada ayer incluye, en el caso de la comisión de gobierno, entre otras, la aprobación de proyectos de obra e instalación que excedan de 100 millones de pesetas y no superen los 1.000 millones de pesetas. Asimismo, el equipo de gobierno podrá efectuar contrataciones y concesiones de todo tipo, cuyo importe supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto y que se sitúen entre los 500 y los 1.000 millones de pesetas. También podrá el PP, sin pasar por el pleno, aprobar la convocatoria y bases, la concesión o denegación de subvenciones, becas y ayudas cuya cuantía esté comprendida entre un millón y cinco millones de pesetas. Por su parte, Carlos Fabra, a partir de ahora, podrá aprobar proyectos de obra de edificación e instalaciones que no superen los 100 millones de pesetas. También podrá, como atribución del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, aprobar, entre otras, la concesión y denegación de subvenciones, becas y ayudas, cuya cuantía no exceda de un millón de pesetas. Otro de los puntos aprobados ayer se refiere a la compatibilidad de Fabra para el ejercicio de la abogacía y la mediación o agencia de seguros. Los grupos de la oposición votaron en contra de este punto al considerar que el presidente de la corporación provincial debería abstenerse del ejercicio de una actividad privada. La respuesta del PP fue que, tras 33 años ejerciendo como agente de seguros, Carlos Fabra perdería a sus clientes si, por su dedicación política, no mantuviera sus contactos.