El PSC lleva al Parlament los contratos de Marta Pujol Ferrusola

El PSC entró ayer en el Parlament una serie de preguntas en las que reclama al Gobierno catalán información sobre diversos contratos concedidos por la Administración a la arquitecta Marta Pujol Ferrusola, hija del presidente catalán, Jordi Pujol. Tres diputados de la oposición coincidieron ayer en calificar la actitud de Pujol como la de alguien que cree que Cataluña es su "finca particular" y aseguraron que el Gobierno confunde los asuntos públicos y los familiares del presidente.

Manel Nadal expresó su "preocupación por el goteo de casos de contratos de la Administración catalana con familiares de Pujol". Unos contratos, añadió, "en muchos casos legales" pero cuya "apariencia, por ser a dedo, es muy fea y da la sensación de cierta desvergüenza". El Gobierno de CiU y su presidente "deberían predicar con el ejemplo y no lo hacen, sino que administran el país como si fuera una finca particular". Los encargos recibidos por la hija de Pujol son siete, correspondientes a cuatro departamentos. Las obras de estos proyectos suman 2.000 millones de pesetas, mientras que el resto de las obras proyectadas por Marta Pujol suma 2.500 millones. Nadal acusó al Ejecutivo catalán de no actuar "con claridad y transparencia, y con la necesaria publicidad". "Por lo tanto, hace falta un cambio de gobierno y un nuevo estilo en la presidencia de la Generalitat que libere a Cataluña de esta situación que hace demasiados años que dura. Cataluña se tiene que emancipar de 20 años de gobierno de CiU", añadió. Joan Boada (IC-V) no dudó en afirmar que la proliferación de "escándalos" en torno a CiU muestra que se está llegando al "fin del régimen pujolista". Boada cree que estos asuntos se conocen ahora porque se ha entrado en una etapa final en la que el uso de medios e instituciones en beneficio personal es ya descarado. "Los contratos concedidos a Marta Pujol son un caso claro en el que el Gobierno confunde Cataluña con la finca familiar, pero hay más ejemplos", dijo Boada, que citó a continuación los diversos contratos concedidos a Hidroplant (empresa de la que es accionista Marta Ferrusola, esposa de Pujol) por el propio Gobierno o empresas controladas por él; las encuestas y trabajos sobre medio ambiente encargados a Josep Miró Ardèvol (concejal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona); los casos en los que los beneficios de la formación ocupacional iban a parar a familias relacionadas con Unió Democràtica; la condena por el caso de Sant Pere de Torelló, con el que estuvo relacionado el ex consejero Josep Maria Cullell, y la anulación judicial de unas elecciones por modificación del censo en Fontanillas. "Ahora la gente sabe que el régimen se acaba y hay menos miedo a denunciar estos casos", añadió Boada. Joan Ridao (ERC) expresó su preocupación por los contratos otorgados a la hija del presidente. Ridao afirmó que su partido ha trabajado durante toda la legislatura por profundizar en la transparencia en la relación entre Administración y empresas, eje de una "necesaria regeneración democrática". El diputado republicano utilizó la expresión "incompatibilidad estética" para referirse al hecho de que los familiares de los miembros del Gobierno reciban contratos del propio Ejecutivo y aseguró que su partido excluye esta posibilidad de forma tajante, y por ello reclama normas específicas que eviten casos similares en el futuro. "Hay que terminar con los vínculos entre algunos sectores económicos y los partidos que hacen que éstos se financien a base de comisiones", dijo Ridao, quien añadió que tras la entrada en vigor de la ley de contratos del Estado, en 1995, estos asuntos han disminuido. Y al respecto citó el hecho de que de los siete contratos conocidos entre la Administración y Marta Pujol Ferrusola, seis son anteriores a la ley y adjudicaciones directas, y tras la entrada en vigor de aquélla, sólo ha recibido un encargo.