La juez Ramírez tramitó 28 de las 48 causas urbanísticas contra Jesús Gil

La juez decana de Marbella (Málaga), Pilar Ramírez, ha tramitado 28 de las 48 denuncias judiciales presentadas por presuntos delitos urbanísticos contra la corporación municipal que preside Jesús Gil. Ramírez -la Comisión Disciplinaria del CGPJ estudiará el próximo día 29 si la suspende cautelarmente por la posible comisión de dos faltas muy graves- decidió que se archivara el 42% de los casos que pasaron por sus manos y que agrupó en un único procedimiento. En la actualidad, los juzgados de la mencionada localidad malagueña tienen abiertas 31 causas contra Gil por supuestos delitos urbanísticos.Todos los temas que se investigan están relacionados con autorizaciones concedidas por el Ayuntamiento de Marbella para la construcción de viviendas en zonas catalogadas como suelo verde, espacios destinados a uso social y cultural y terrenos que corresponden a viales públicos según el Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 1986, que el regidor no reconoce porque la propia corporación no lo publicó en su momento en el Boletín Oficial de la provincia de Málaga. La Fiscalía de Medio Ambiente ha recopilado todos los episodios instruidos en las instancias judiciales marbellíes por presuntos delitos contra la ordenación del territorio desde que Gil tuvo acceso al gobierno municipal. En total, suman 48, de los que 17 quedaron archivados, 12 de ellos por decisión de Ramírez.

"Todas las resoluciones que yo he obtenido en los juzgados de Marbella han sido avaladas y refrendadas por la Audiencia de Málaga y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía", aseguró Gil a la Cadena SER.

En seis de los siete juzgados

Las causas contra Gil se siguen en seis de los siete juzgados de Marbella. Curiosamente, el número 7, del que es titular el magistrado Santiago Torres, instructor del sumario por el presunto desvío de fondos del Ayuntamiento al Atlético de Madrid, no tramita ninguno de estos procedimientos. En su día, investigó el llamado caso Belmonsa, la construcción de un bloque de pisos en suelo verde. Pero el asunto terminó tras la intervención de la juez decana en otro juzgado que también había indagado esa supuesta irregularidad.

Fuentes de la Fiscalía malagueña aseguran que en casi todos los procedimientos sobreseídos ha mediado petición del Ministerio Público debido a que se abordaban infracciones no contempladas como delitos antes de 1995, cuando entró en vigor el nuevo Código Penal, o porque las denuncias no afectaban al interés general y, por tanto, podían diligenciarse por la vía administrativa.

Estas fuentes no supieron precisar en cuántas de estas denuncias la Fiscalía inculpa a Gil, ya que el alcalde no firma los convenios y las autorizaciones de obras. Sólo precisaron que "al menos en el caso Belmonsa sí".

La Fiscalía pidió el jueves por primera vez que se interrogue a Gil por una autorización municipal para construir en una zona verde, la otorgada a la sociedad Yeregui.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0023, 23 de julio de 1999.

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