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Los agentes inmobiliarios de Alicante inician una batalla jurídica contra el intrusismo

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante ha iniciado una batalla jurídica contra el emergente intrusismo del sector. El primer fruto de esta iniciativa se ha traducido en cuatro sentencias condenatorias (dos de la Audiencia Provincial, una de un juzgado de lo Penal y otra del Supremo) contra otros tantos agentes que ejercían la profesión sin contar con la titulación oficial. Además, el colegio está a la espera de la resolución de otras 10 querellas, mientras la fiscalía investiga a 22 despachos presuntamente clandestinos. "Están proliferando [los falsos agentes de la propiedad inmobiliaria] como setas", comentó ayer Enrique Llopis, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante. "El fenómeno comenzó a detectarse a partir de 1993, pero en los últimos años, animados por el boom de la construcción, han acudido como moscas a la rica miel", añadió. Llopis indicó que en la provincia hay unos 400 despachos que ejercen de manera irregular la función de intermediación en la compra-venta de viviendas, mientras el colegio cuenta con 492 titulados afiliados. El presidente de los agentes inmobiliarios de Alicante subrayó que, aparte del desprestigio que causan al sector, los más perjudicados son los usuarios. "Estos despachos ilegales suelen cometer estafas y apropiaciones indebidas, como no devolver a los clientes las cantidades entregadas en señal en las distintas operaciones", explicó Llopis. "Al tratarse de cantidades no muy significativas -entre 100.000 y medio millón de pesetas- los estafados optan por no recurrir a los tribunales, salvo que se trate de casos de mayor envergadura con un número importante de afectados", añadió. Llopis hizo hincapié en el montante de algunas de estas estafas, como la recientemente cometida en Torrevieja por un falso inmobiliario alemán. Llopis recomendó a los ciudadanos que eviten los despachos que carezcan de un agente titulado (el título lo expede el Ministerio de Fomento). "Entre otras cuestiones, porque los intrusos carecen de seguros de responsabildiad civil para afrontar cualquier posible indemnización, y además no se rigen por tarifas oficiales y aplican comisiones". Las penas de las sentencias condenatorias por delito de intrusismo que hasta ahora ha arrancado el Colegio de Alicante van desde los tres meses de multa a los seis meses de prisión. Dos de los condenados son ciudadanos de países la Unión Europea, que ejercían la actividad sin haber realizado las necesarias pruebas selectivas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 24 de julio de 1999