El PSOE desvela que López de Coca elaboraba el plan nacional de control de las ayudas al lino

Al PP se le complican las cosas en la comisión del lino. Tanto el PP como la ex ministra de Agricultura Loyola de Palacio han mantenido desde que se destapó el caso que el control, tramitación y pago de las ayudas europeas al lino correspondía a las comunidades autónomas. Ayer, el PSOE aportó a la comisión el plan nacional de controles sobre el lino y otros cultivos de 1998. Dicho plan, plasmado en dos circulares, está firmado precisamente por uno de los implicados en el escándalo: el ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Nicolás López de Coca. Además, el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha acusó directamente a la ex ministra de consentir que sus colaboradores cobrasen subvenciones.

Los documentos aportados por el PSOE no formaban parte de la documentación remitida a la Comisión por Agricultura, por lo que los comisionados socialistas han acusado al Gobierno de ocultar información al Parlamento. PSOE e IU han pedido la dimisión de los altos cargos de Agricultura que todavía compatibilizan su cargo público con sus intereses en el sector del lino: el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro y el director general de Ganadería, Quintiliano Pérez Bonilla.Las circulares firmadas por López de Coca en mayo de 1998, que desarrollan un Real Decreto de noviembre de 1997, demuestran que el FEGA decidía el ámbito de aplicación geográfico y sectorial de los controles; la normativa básica de actuación; la muestra a controlar; las medidas a aplicar por las comunidades autónomas; los números de expedientes de las muestras por comunidades y hasta la obligación de que las comunidades autónomas advirtieran al agricultor de que iba a ser inspeccionado con 48 horas de antelación. Hasta el momento, tanto el PP como De Palacio sostenían que el Ministerio, a través del FEGA, se limitaba a transcribir la legislación comunitaria "básica" y a "coordinar" los controles de las comunidades.

Las comparecencias de los consejeros de Agricultura de Extremadura y de Castilla-La Mancha, Eugenio Álvarez Gómez y Alejandro Alonso, ambos del PSOE, reforzaron los argumentos de su partido respecto a quién tiene la mayor responsabilidad a la hora de controlar el polémico cultivo.

Alonso fue el más contundente en sus acusaciones a la ex ministra. Afirmó que De Palacio "sabía" que varios de los altos cargos de su Ministerio formaban parte de una trama para beneficiarse del cultivo del lino y "lo consintió", lo cual, afirmó, constituye "una irresponsabilidad política".

La rotundidad fue la tónica de su intervención. Según dijo, cuando Castilla-La Mancha decidió prohibir plantar lino en la misma finca dos años seguidos, de los 1.000 cultivadores de la región sólo tres llamaron a la Consejería "de forma insistente": López de Coca, Carlos Moro y Quintiliano Pérez Bonilla, los tres acusados, junto al ex director de Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz, de formar una trama de cazaprimas.

El responsable castellano manchego de Agricultura afirmó también que el lino no se comercializa en absoluto y detalló las irregularidades detectadas en las empresas transformadoras de su comunidad: personal insuficiente para desarrollar la labor que supuestamente llevan a cabo, discrepancias entre la entrada de lino y las certificaciones de transformación que emiten, y elevación artificial de los rendimientos para adaptarse a las nuevas exigencias.

Alonso destacó la gravedad de que altos cargos ministeriales o sus familiares directos cultiven lino y además (casos de los López de Coca y de los Ruiz Paz) sean los propietarios de las empresas que expiden los certificados que habilitan los cobros de las ayudas. Aún proporcionó otros dos datos llamativos: Moro cultiva tanto lino como toda la Comunidad de Navarra y los López de Coca, que han recibido 300 millones en ayudas en los últimos años, cinco veces la misma cantidad.

También el consejero extremeño, Eugenio Álvarez Gómez, dejó algunas "perlas" ante la comisión. Así, reveló que el 40% del lino que se produce en la comunidad se transforma fuera de Extremadura y que el lino, hasta donde él conoce, se utiliza "para crines de caballo y para las patas de las ovejas". El consejero extremeño reveló asimismo que una de las sociedades en la que participan familiares de López de Coca (Valzorzales) tiene paralizado el cobro en Extremadura de 30 millones de pesetas. Para ilustrar lo que a su juicio ha sido y continúa siendo el papel del Ministerio de Agricultura en el control del lino, el consejero extremeño aseguró que la propia De Palacio, entonces ministra, le aconsejó en un Consejo Sectorial que no modulara el pago de ayudas "porque no tenía competencias". Asimismo, explicó que su Consejería está "a la espera" de que el FEGA le diga si se pagan o no las ayudas que deberían haber cobrado los agricultores cuyo lino ha ardido.

El diputado popular José Ignacio del Burgo y Álvarez protagonizaron, además, la anécdota de la jornada. Del Burgo preguntó al consejero si consideraba a la Reina de Inglaterra -perceptora de ayudas agrarias comunitarias- una cazaprimas. Álvarez contestó que "si la Reina de Inglaterra cultiva lino y lo quema o lo tira al mar es, efectivamente una cazaprimas".