El Constitucional estudia nuevas propuestas para sumar votos favorables al amparo a HB

El Pleno del Tribunal Constitucional estudia nuevas propuestas, entre las que figura la posibilidad de declarar inconstitucional un artículo del Código Penal, con el fin de ampliar la mayoría de votos favorables a estimar los recursos de amparo presentados por los 23 miembros de la anterior Mesa Nacional de Herri Batasuna que fueron condenados a siete años de cárcel por el Tribunal Supremo, según fuentes del alto tribunal. Si éste admitiera el recurso, los 22 dirigentes que están presos -Jon Idígoras fue excarcelado hace 13 meses por enfermedad- saldrían libres.

Los magistrados permanecieron reunidos desde las cinco y media de la tarde de ayer hasta las 20.30 sin que finalmente tomaran una decisión sobre el amparo solicitado por los 23 miembros de la anterior dirección de HB.Según fuentes del Constitucional la nueva ponencia elaborada por el vicepresidente, Carles Viver, basada en la vulneración del principio de legalidad -y fundamentada en que la emisión de un vídeo no se puede considerar por analogía un delito de colaboración con banda armada- consiguió deshacer el empate que había hasta ahora entre los partidarios de confirmar la sentencia y los de revocarla.

El pleno continuará hoy sus deliberaciones y, previsiblemente, votará la nueva ponencia, a la que cabe la posibilidad de que se haya aportado una nueva teoría, como sería declarar inconstitucional un artículo del Código Penal, aplicado por el Supremo en su sentencia. Dicho artículo establece una pena mínima de seis años para las conductas tipificadas como colaboración con banda armada. El establecimiento de esa pena mínima, según la interpretación en estudio, es lo que sería inconstitucional, puesto que podría darse el caso de conductas de colaboración con bandas armadas cuya pena, por la escasa entidad de la cooperación con los terroristas, debiera ser inferior a la mínima.

Este aspecto, a juicio de algunos miembros del Constitucional, salvaría el problema con el Supremo, al considerar que actuó correctamente, pero aplicó un precepto inconstitucional. Esta nueva tesis, al parecer, según las mismas fuentes, aglutinaría a ocho de los magistrados frente a cuatro, situación que a la vista de la fuerte división que este asunto ha generado, se considera todo un éxito.

Nueva ponencia

El Pleno del Constitucional encargó al magistrado Carles Viver una nueva ponencia después de que el pasado 27 de mayo fuera derrotada la del magistrado Manuel Jiménez de Parga, quien proponía desestimar los recursos de amparo.Contra aquella primera ponencia de Jiménez de Parga votaron el propio Viver, el presidente del Tribunal, Pedro Cruz Villalón, y los magistrados Pablo Cachón, Pablo García Manzano, María Emilia Casas, Tomás Vives y Julio González Campos. Y a favor, aparte del autor del borrador, Guillermo Jiménez, Rafael de Mendizábal, Fernando Garrido Falla y Vicente Conde.

La nueva ponencia, basada en que el Supremo no tenía suficientes pruebas para condenar y que debía prevalecer la presunción de inocencia, generó mayor división y, aunque no se llegó a votar, las posturas estaban seis a seis cuando se decidió adoptar un nuevo enfoque basado en la vulneración del principio de legalidad, esto es que la emisión del vídeo no se podía equiparar a la colaboración de banda armada porque la conducta no se contempla en el tipo penal.

Nuevamente en la búsqueda de ampliar la mayoría, se considera que el Supremo aplicó un artículo que perjudicaba a los acusados al equiparar la emisión del vídeo a una conducta violenta. Y es ahí donde se señala que el mínimo previsto en el artículo sería inconstitucional, al no contemplar una penalidad inferior para conductas menos graves. Los 23 miembros de la anterior Mesa Nacional de HB fueron condenados en noviembre de 1997 por el Tribunal Supremo a siete años de prisión por un delito de colaboración con banda armada, consistente en intentar difundir un vídeo de ETA en los espacios electorales gratuitos que le correspondían a Herri Batasuna en la campaña de las elecciones generales del 3 de marzo de 1996.

Las deliberaciones comenzaron el pasado 13 de abril para resolver los recursos de los condenados, que se encuentran en prisión desde diciembre de 1997. No obstante, Jon Idígoras quedó en libertad el 26 de mayo del año pasado por orden de la juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao debido a su delicado estado de salud.

Los abogados de HB recurrieron en amparo la condena en la que, además de la pena de prisión se imponía el pago de medio millón de pesetas de multa a cada uno de los acusados. Los condenados, que fueron absueltos de los delitos de pertenencia a banda armada y apología del terrorismo, solicitaron sin éxito al Tribunal Constitucional que dejara en suspenso la ejecución de la pena hasta tanto resolviera sus recursos.

Para tres de los condenados, María José Andueza, Amaia Bao y Matti Iturralde, presas en el centro alavés de Nanclares de Oca, la Junta de Tratamiento de la prisión propuso el pasado jueves su progresión a tercer grado penitenciario, lo que supone el régimen abierto o de semilibertad. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias habrá de avalar o rechazar esta propuesta en un plazo máximo de dos meses.

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, mostró ayer en Santander su confianza en la decisión del Constitucional sobre los recursos contra la condena a la Mesa Nacional y dijo que "hoy también vale la pena lo que determine el Tribunal Constitucional, haga lo que haga y diga lo que diga".

Mayor Oreja, quien señaló que siempre ha valido la pena confiar en los tribunales de justicia, consideró que "lo más importante es que entendamos que del prestigio del Estado de Derecho estamos haciendo el pilar más importante para combatir todos los fenómenos de criminalidad organizada en España; no sólo el terrorismo, sino todos".

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, afirmó ayer en Santiago de Compostela que en la sentencia condenatoria impuesta por el Supremo a la anterior Mesa Nacional de HB "existió un impulso político" que "tenía siglas y nombres, en concreto el señor Mayor Oreja". El dirigente peneuvista añadió que "evidentemente, aquel impulso político llevó al Supremo a unos extremos de definición y de condena que en este momento cuestiona el Constitucional".