El Ayuntamiento propone cinco terrenos "alejados de la población" para los rumanos

Los 280 gitanos rumanos expulsados del poblado de Malmea llevan una semana en el alejado camino de San Roque (Fuencarral) al que fueron trasladados para 72 horas. Descartada la opción de alojarlos en un cuartel de Villaverde por la oposición vecinal, ayer, el alcalde, José María Álvarez del Manzano, propuso al delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, cinco terrenos "alejados de núcleos de población" para levantar campamentos destinados a estas familias. Dos de los solares se encuentran al norte de la ciudad, otros dos en el este y uno en el sur.

"Es la Delegación del Gobierno la que debe decidir sobre la idoneidad de los terrenos propuestos y, si los acepta, la Comunidad se encargará, tal y como se ha comprometido, de dotarlos de los servicios mínimos", explicó José Antonio Gómez Angulo, portavoz municipal del PP y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid.Gómez-Angulo se negó a especificar la ubicación de los terrenos, limitándose a afirmar que están en el término municipal de Madrid y "alejados de núcleos de población". "Me hubiera gustado que se hubiese producido alguna solidaridad de otros municipios", señaló el edil.

El primer teniente de alcalde argumentó además que la decisión última sobre la ubicación de los campamentos la tiene el delegado del Gobierno, ya que éste es, a su juicio, el organismo competente en inmigración.

"El Ayuntamiento de Madrid no puede acoger a personas sin permiso de residencia si el Gobierno quiere echarles", sentenció Gómez Angulo.

Razones humanitarias

Por su parte, el delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades afirmó días atrás que si la integración de estas familias avanza es factible documentarlas con un permiso de residencia temporal en España "por razones humanitarias". Ahora son inmigrantes en situación irregular.Desde la oposición municipal se criticó duramente la actitud del Partido Popular. "No han solicitado nuestra opinión. El delegado del Gobierno tiene fundamentalmente competencias de orden público y los asentamientos urbanos como éste son un asunto municipal. Una vez más se pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Madrid tiene tendencia a abandonar sus competencias", señaló Fernando Morán, portavoz del grupo PSOE-Progresistas, que se entrevistó ayer con representantes de las familias rumanas.

"Vuelven a hacerlo mal", afirmó rotunda Inés Sabanés, portavoz de Izquierda Unida. "Han cambiado permanentemente de criterio. Ahora, el alcalde propone, la Delegación decide y la Comunidad ejecuta; es decir, el PP del Ayuntamiento se lava las manos. No saben ni quieren resolver un problema creado por su incapacidad. La arrogancia es tal, que el alcalde no habla de un problema tan importante que sobre él se ha manifestado hasta Aznar", concluyó la portavoz municipal de Izquierda Unida.

La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, aseguró que la Comunidad de Madrid levantará los campamentos, que costarán 60 millones de pesetas, en cuanto disponga de los terrenos. "Siempre que se trate de suelos con facilidades para realizar las tomas de agua y luz, esperamos tenerlos listos en una semana", asegura. "En un principio se habló de tres semanas, pero el asunto urge", añadió.

Cada campamento, según el proyecto diseñado por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), estará formado por tres grandes tiendas comunitarias y una serie de carpas dotadas de literas para cobijar en cada una de ellas a una familia. Las tiendas comunes albergarán las cocinas y comedores, los baños y duchas y la oficina donde las ONG, Cruz Roja y Comisión Católica de Migración, realizarán labores de apoyo social.

Los asentamientos estarán cerrados para evitar la llegada de nuevas familias de inmigrantes, y contarán con un espacio para que jueguen los niños.

En tres días las instituciones han cambiado dos veces de planes. El martes propusieron instalar cinco campamentos y el Ayuntamiento de Madrid se comprometió a encontrar terrenos en 24 horas. Como no lo consiguió, el miércoles se decidió el traslado temporal de todas las familias al cuartel de Ingenieros Capitán Arenas, de Villaverde, hasta encontrar los solares.

La oposición de 30 asociaciones vecinales del distrito, que aceptaban la llegada de 80 inmigrantes y no de todos con el argumento de que en la zona "hay suficientes problemas de marginación para añadir otro", hizo que las administraciones descartaran ese plan. Ayer se volvió a la idea inicial.