Ribó acusa al líder del PP de ultraliberal y de atacar los servicios públicos

El portavoz de Esquerra Unida en las Cortes, Joan Ribó, acusó al presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, de presentar un discurso "ultraliberal" muy alejado del centrismo del que presume y criticó los planteamientos "privatizadores" en la sanidad, la educación y los servicios públicos. Ante la oferta de Ribó de apostar por la reforma del Estatut, Zaplana se comprometió a defenderla ante el PP.

Ribó dibujó ayer a un Zaplana situado mucho más a la derecha de la tercera vía de lo que el propio líder popular se intentó situarse repetidamente durante sus intervenciones a lo largo del debate de investidura. Centró sus denuncias en el modelo de "liberalismo ortodoxo" que, señaló, pretende instaurar el dirigente conservador durante los próximos cuatro años. Pese a la abierta divergencia de planteamientos políticos, el portavoz de EU logró en una réplica de Zaplana un compromiso de abordar la reforma del Estatut d"Autonomia durante la próxima legislatura. El dirigente popular afirmó su intención de "convencer" al Partido Popular de lograr una "excepción" en el caso valenciano y permitir una reforma del Estatut que eleve el techo competencial de la Comunidad, a pesar de las declaraciones del presidente del Gobierno, José María Aznar, en el debate sobre el Estado de la Nación, en el que cerró el capítulo de transferencia de competencias. Metido de lleno en el discurso autonomista, llegó a afirmar incluso que si hubiera una confrontación entre los intereses del PP y los de la Comunidad en el tema de la reforma "estaría claramente a favor de los segundos". En tono sereno, Ribó centró su exposición en la defensa de un modelo de izquierdas sin adjetivos, huyendo de referencias a terceras vías, aderezando sus propuestas de reivindicaciones ecologistas y abogando por el reconocimiento de la unidad lingüística para superar el problema de la lengua. El núcleo de su discurso consistió en un ataque a la "ortodoxia liberal" que guía la política de Zaplana. Lo que para el dirigente popular son comportamientos de centro reformista y una "adaptación a las nuevas circunstancias sociales" que "haga partícipe a la sociedad de la gestión de los servicios públicos", para Ribó se no son más que una trayectoria privatizadora "llevada a las útimas consecuencias". "Ustedes parten de un planteamiento en el que todo lo público es ineficaz y se ha de privatizar en su propiedad o su gestión", espetó Ribó al presidente del PP. Zaplana respondió a estas acusaciones combinando cierta condescencencia hacia Ribó por el pobre resultado electoral de EU con críticas por defender modelos "estatalistas" y "anclados en el pasado". El trasvase de recursos públicos hacia los centros privados y el retraso de aplicación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y del Mapa Escolar fueron los ejemplos elegidos por Ribó para describir la "degradación" de lo público en la enseñanza. La oposición al aumento de peso del sector privado le llevó también a abogar sin matices por la titularidad y gestión pública del sistema sanitario. Ribó acusó a Zaplana de querer transformar la sanidad en un negocio para las empresas privadas cuyos beneficios, dijo, correrán a cuenta de todos los valencianos a través de la Generalitat. También respondió al tono de optimismo económico mantenido por Zaplana. Ni la Comunidad se ha convertido en la locomotora del arco mediterráneo -señaló que es la comunidad mediterránea que menos ha crecido-, ni el empleo va tan bien. Ribó destacó el alto índice de precariedad laboral de la Comunidad -siete puntos por encima de la media española y 29 sobre la europea-, además del "crecimiento incontrolado del déficit" y el aumento de la siniestralidad laboral, una situación laboral "con careta amable" pero "asentada sobre pies de barro". El rechazo del AVE y la apuesta, en su lugar, por una "inversión ferroviaria diversificada" fue otra de las propuestas de Ribó quien señaló como puntos negros de la gestión medioambiental del Consell el retraso en la aprobación del Plan de Residuos, el "incumplimiento" de la normativa europea en los acuíferos valencianos y la "insuficiente" protección de las zonas húmedas valencianas.