El inspector jefe de Trabajo dice al juez que la CEV no justificó 106 millones para formación

El responsable del equipo de inspectores de Trabajo que investigó las cuentas de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) entre 1993 y 1995 ratificó ayer en el juzgado su informe. El documento, luego trasladado a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas, denunció la utilización de la doble facturación para intentar justificar, infructuosamente, el uso de 106 millones de pesetas procedentes de los fondos de formación para trabajadores. El técnico, cuya declaración continuará el viernes, dejó entrever que las irregularidades descubiertas podrían ser constitutivas de delito.

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El jefe de la Inspección de Trabajo, José Miguel Martos, insistió ayer en el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia en las supuestas irregularidades que cometió la CEV entre 1993 y 1995, cuando Luis Espinosa era secretario general de la organización. Según Martos, la patronal valenciana utilizó por partida doble hasta 296 facturas, que fueron usadas para intentar justificar el gasto de 106 millones de pesetas procedentes de diversas instituciones públicas y, en principio, destinadas a financiar cursos de reciclaje para trabajadores. Concretamente, el inspector aseguró, a preguntas del fiscal anticorrupción adscrito al caso, Vicente González, que de los 222 millones de pesetas que la patronal giró a diversas instituciones sólo el gasto de 116 -tras la preceptiva fiscalización- fue debidamente concretado. Martos aludió a las cantidades entregadas a la CEV tanto por la Fundación para la Formación Continua (Forcem), como por otras instituciones públicas, como las consejerías de Medio Ambiente o Trabajo, y el Impiva. Hechos delictivos El técnico, que compareció en calidad de testigo, no ocultó la consideración que le merecían los hechos objeto de su investigación, aún no concluida: Podrían ser delictivos, dijo. De hecho, la Inspección de Trabajo comenzó sus pesquisas a raíz de la detección de una misma factura en varias líneas de subvención. Los primeros resultados del equipo antifraude fueron trasladados a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y posteriormente al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, cuyo titular, Vicente Ríos, archivó el caso al no encontrar indicios de delito. El trabajo de la inspección también precedió al iniciado por el Tribunal de Cuentas. Durante la primera mitad de la declaración el fiscal intentó concretar, con preguntas referidas a facturas concretas, dónde han sido encontradas las supuestas irregularidades contables. Martos contribuyó a arrojar luz sobre el asunto al recordar, con precisión y de manera muy técnica, las posibles anomalías localizadas en cada documento. González agradeció la competencia del inspector, cuya declaración calificó de "clarificadora" e "importante", según informa Europa Press. La declaración del inspector continuará en la mañana del próximo viernes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0013, 13 de julio de 1999.