Pulso en la cárceles

SI EL número de presos aumenta y el de funcionarios se estanca o no crece proporcionalmente, es seguro que más temprano que tarde surgirán problemas en las cárceles. Desde finales de junio, los funcionarios de prisiones mantienen un fuerte pulso, que incluye el bloqueo de los accesos a algunos centros y las consiguientes cargas policiales, con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en reivindicación de mejores condiciones laborales y salariales y de un aumento de plantillas. Es difícil determinar si tienen o no razón en sus exigencias. Pero, una vez establecido el derecho que les asiste a defender sus demandas por medios pacíficos y legales, debe quedar también claro que sus reclamaciones no pueden hacerse a costa de los derechos de los presos, cuya custodia y asistencia tienen encomendada por ley. Las situaciones coflictivas en las prisiones han venido tradicionalmente del lado de los presos, no de los funcionarios, por cuestiones de masificación, malos tratos o intentos de fuga. Estos problemas se han mitigado en parte, que no desaparecido, por la estructura modular de las cárceles modernas, que, al tiempo que humaniza la vida de los reclusos, los aísla entre sí en el interior del recinto penitenciario facilitando su control. Pero este tipo de prisiones, de concepción arquitectónica más humana, exige un mayor número de funcionarios dedicados a la atención y vigilancia de los reclusos. No parece, sin embargo, que la Administración penitenciaria haya reparado suficientemente en este aspecto.

En el caso de España, la situación se complica por el crecimiento de la población reclusa en los últimos años: 45.142 presos en 1998, una de la tasas más altas de Europa. En contra del alarmismo desplegado por el PP cuando estaba en la oposición, el Código Penal que entró en vigor en 1995 no sacó a los presos a la calle, sino que ha elevado su número al desaparecer la redención de penas por el trabajo y alargar la duración media real de las condenas. Es perfectamente defendible un modelo penal y penitenciario que insista más en el aspecto retributivo de la pena que en la reinserción, siempre que se mantenga en los límites de la Constitución. El PP se mostró partidario de esta vía antes de llegar al Gobierno con su sonada campaña a favor del cumplimiento íntegro de las penas por terrorismo o cuando encabezó la protesta social contra los permisos penitenciarios.

Pero ese modelo exige un ingente esfuerzo presupuestario, ya que se necesitarían más cárceles y más funcionarios. No se puede propugnar desde la oposición una política de endurecimiento penal y penitenciario y luego resistirse desde el Gobierno a afrontar el elevado coste que supone. Es posible que los funcionarios de prisiones hayan puesto el dedo en la llaga de una nueva contradicción de este Gobierno.