El expediente de la discordia

Una brecha se ha abierto entre la plantilla y la cúpula en Telefónica, la primera empresa española, referente de un sector que se considera clave para el desarrollo económico y que supone ya un 3,5% del producto interior bruto español. La dirección de Telefónica, mediante un expediente de regulación de plantilla apoyado por los sindicatos, invita a marcharse a más de 10.800 empleados con al menos 52 años de edad y 15 de experiencia en la compañía. Confía en que otros 2.000 se acojan al programa de bajas incentivadas hasta finales del año 2000. La propuesta presentada al Ministerio de Trabajo para que dé su visto bueno choca con el incremento simultáneo del número de altos cargos en el grupo, el blindaje del consejo de administración, el nuevo sistema de retribución para ejecutivos clave mediante la concesión de opciones sobre acciones y la subida salarial generalizada en la cúpula.

"Lo más importante es la desmoralización de la base por la falta de horizontes y la desconexión con sus gestores", afirma un antiguo alto cargo de Telefónica que exige el anonimato. Lo han pedido la mayoría de las personas entrevistadas para este reportaje por temor a enemistarse con una empresa que aún representa el 90% del sector de las telecomunicaciones en España.

"Yo lo dejo. ¿Para qué voy a esperar más? Están deseando que me vaya, sustituirme por una subcontrata o alguien sin mi antigüedad. No puedo seguir con esta inseguridad", confirma José R., que ha aceptado el retiro a los 52 años. Su experiencia -28 años en la quinta empresa europea del sector- se va a perder porque Telefónica ha establecido garantías para que quienes se acojan al plan de ajuste no se pasen a la competencia, so pena de perder la indemnización prevista (28 millones de media para los prejubilados y hasta un máximo de 20 para las bajas incentivadas).

Telefónica (217.000 millones de beneficio en 1998 y un valor en Bolsa superior a 8,5 billones) ha agitado las conciencias con su agresivo plan de ajuste para la filial -Telefónica de España- que ha exprimido durante 75 años el monopolio de la telefonía básica. Objetivo: reducir costes, adecuar la empresa al nuevo entorno de competencia, incrementar la productividad desde 359,7 líneas por empleado que se registran a finales de mayo a más de 400 en el año 2000. Si se cumplen los planes, Telefónica de España, que adicionalmente se ha comprometido a crear 1.000 nuevos empleos, tendrá unos 40.000 trabajadores, cerca de 27.000 menos que en 1996.

"Villalonga se ha olvidado del capital humano, pero los sindicatos no tienen vergüenza", afirma Carmen, de 44 años, que empezó con 15 años de mensajera (botones) en Telefónica. Está irritada con las centrales porque secundó las tres huelgas convocadas este año por la estabilidad del empleo, que le supusieron unas 11.000 pesetas por día, y no le convencen las condiciones acordadas para el ajuste. La desilusión en la base que confirma un informe de auditoría interna contrasta con el ambiente que se respira en Gran Vía, sede de la compañía en Madrid, teñida con los colores azul y verde del nuevo logotipo. Los más de 5.000 millones de pesetas que se invirtieron en el cambio de marca no son nada frente a los 459.000 millones que se han provisionado para afrontar el ajuste de plantilla.

"La primera empresa española debería actuar con criterios ejemplarizantes para el conjunto de sector y de la economía. Y no está siendo así", advierte un directivo.

En tres años al frente del Grupo Telefónica, Juan Villalonga ha multiplicado casi por cuatro el organigrama. De 79 altos directivos (desde director a presidente) en mayo de 1996 (un mes antes de que el presidente del Gobierno nombrara a Villalonga responsable de Telefónica) se ha pasado a más de 286.

La compañía lo justifica en la creación de nuevas líneas de negocio (hasta siete), necesaria, a juicio de sus gestores, para adecuar la estructura a las nuevas condiciones de competencia internacional.

Más líneas de negocio

"Se ha segmentado el grupo y eso ha multiplicado los cargos", reconoce un alto cargo en activo. Fuera del círculo de confianza de Villalonga, que también ha experimentado numerosos cambios (se ha anunciado que las tareas de Javier Revuelta como vicepresidente las asumirá en buena parte el comisario europeo Martin Bangemann como adjunto a la presidencia), resulta algo más difícil comprender. "[La consultora] McKinsey es quien gobierna la empresa. Había reuniones en la que nosotros parecíamos los asesores y ellos quienes decidían", afirma un antiguo cargo intermedio. Ocho directores generales que rodeaban a Cándido Velázquez, presidente entre 1989 y 1996, cobraban 27 millones de pesetas brutos al año; hoy, con Villalonga, son más de 50 y su remuneración ronda los 60 millones. En el caso de los subdirectores generales, la remuneración anual ha pasado de 18 a unos 30 millones anuales, según fuentes próximas a la compañía, que no han sido desmentidas en la empresa.

Para la dirección de recursos humanos del Grupo Telefónica ésa es la forma de evitar que la competencia (Retevisión, Airtel, Amena, BT, Jazztel y otros) capte a los mejores. "Son subidas orientadas al mercado", dicen, que, sin embargo, no han impedido que personalidades del sector como Antonio Cantón, responsable del área comercial de Telefónica, se marcharan a Retevisión.

A partir de la privatización total en 1997, Villalonga estableció otro revolucionario sistema de retribución para un selecto grupo de ejecutivos considerados "clave": las opciones sobre acciones (stock options, en jerga financiera).

Acciones para directivos Mediante el llamado Plan de Fidelización a tres años, inicialmente dirigido a 100 ejecutivos del grupo y ampliado hace unos días a 250, la compañía "asume el compromiso de pagarles el 25 de febrero del 2000 determinados importes, calculados en función de la cotización de la acción en el periodo". Cuanto más suba, más recibirán los poseedores de la opción cuando la ejecuten. Para financiar la operación, que se articula a través de dos entidades bancarias contratadas al efecto, se han incluido 969millones de pesetas en la cuenta de gastos y pérdidas extraordinarias de 1998 (700 millones en 1997).

La cantidad de acciones a la que tiene derecho cada ejecutivo y la identidad de los beneficiarios del plan son dos de los secretos mejor guadados en Gran Vía, sede de la empresa en Madrid. Sin embargo, el secreto que envuelve a un mecanismo comúnmente extendido en EEUU y dotado habitualmente de la máxima transparencia se ha vuelto en contra de sus promotores.

Villalonga explica sus actuaciones, incluso las más polémicas (inversión en medios de comunicación, fichaje de Bangemann, supresión del dividendo, segregación de filiales...) por una estrategia para "dar valor al accionista". Sin embargo, a medida que se acerque la fecha prevista para la ejecución de las opciones sobre acciones, los analistas van a ser más exigentes.

Por otro lado, el importe devengado por los consejeros de Telefónica (20) en concepto de sueldos, dietas y atenciones en 1998 ascendió a 1.057 millones de pesetas, frente a los 783 de 1997. A final de año se conocerá cómo incide la incorporación de Bangemann.