Aznar desautoriza una reforma legal que haga alcalde al candidato más votado

El presidente del Gobierno, José María Aznar, desautorizó ayer desde Caracas a su ministro portavoz y al secretario general de su partido. Josep Piqué había sugerido tras el Consejo de Ministros la conveniencia de abrir una "refleción" sobre si las listas más votadas deben ser las que gobiernen, algo que necesitaría una reforma legislativa que Javier Arenas se apresuró a anunciar por la tarde en una reunión con la dirección del partido, pocas horas antes de que el PP pierda las alcaldías de varias capitales, entre ellas Sevilla, por los pactos poselectorales del PSOE con otras formaciones.

Aznar fue contundente en su respuesta a Piqué y Arenas. "No soy partidario de tomar decisiones de ese tipo cuando se están suscitando pactos electorales. Lo que no puede plantearse es que uno es partidario de la reforma cuando se hacen pactos en su contra, y no es partidario cuando se hacen a su favor. En este momento, francamente lo digo, no tengo la intención de ocuparme de eso. Espero y deseo que los pactos electorales que se hagan tengan coherencia política. Eso igual es pedir mucho para algunos". Piqué no fue muy preciso en su pronunciamiento sobre una reforma que permitiera que gobernasen las listas más votadas y que afectaría a la ley electoral. Apuntó que necesitaría un estudio jurídico más profundo. En este sentido, Arenas fue más preciso pocas horas después y lo anunció de manera clara en una reunión con la dirección del PP.

El ministro portavoz, más cauteloso, invocó el consenso para propiciar una reforma de calado que afecta a la ley electoral. "Las leyes electorales sólo deben modificarse si hay un consenso muy amplio por parte del máximo posible de fuerzas políticas". Argumentó, por tanto, que "tiene que sentirse esa necesidad como muy compartida" y no se arriesgó a "anticipar criterios muy claros". Los pactos múltiples que ha trenzado el PSOE con partidos diversos (IU, BNG e incluso algunos partidos regionalistas como el Partido Andalucista) y que va a suponer el desalojo del PP de la alcaldía en numerosos municipios en los que contaba con la lista más votada ha levantado un profundo malestar en las filas populares que ha llegado al Consejo de Ministros.

Sin embargo, Piqué eludió pronunciarse sobre la oportunidad que tuvo el Ejecutivo de llevar a cabo dicha reforma cuando negoció hace un año la ley del pacto local con los socialistas. En esa ocasión, el secretario socialista de Política Municipal, Alfonso Perales, propuso al ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, que en la reforma municipal, que pretendía especialmente dotar de estabilidad a los ayuntamientos, se incluyera la fórmula de que gobernara la lista más votada.

Reforma rechazada

Aquella reforma que, entre otras cosas, planteaba condiciones para la presentación de mociones de censura, la propuesta socialista de favorecer la estabilidad con la alcaldía para la lista más votada fue rechazada por el Gobierno. El Ejecutivo nunca dió una explicación clara de su decisión. Piqué se limitó ayer a señalar, a este respecto, que "hoy por hoy, eso no se percibe como una necesidad por parte del conjunto de las fuerzas políticas, pero si que puede ser bueno dejar el tema encima de la mesa, siempre bien entendido que las leyes electorales deben modificarse con el máximo consenso posible y no sólo a iniciativa del Gobierno".

No obstante, el Ejecutivo confía en que la situación puede cambiar próximamente en función del estado de opinión que se genere tras la pérdida del PP de numerosas alcaldías, pese a ser la lista más votada. "A raíz de los pactos que se puedan producir ahora y de las reacciones de la presión de la opinión pública podría surgir un estado de ánimo que lleve a las fuerzas políticas a pensar en la conveniencia de una reforma de la ley electoral".

Piqué dirigió varias advertencias al PSOE. Primero apuntó que "si al final, los pactos se generalizan para desalojar a un partido de un gobierno municipal, la valoración no puede ser positiva, aunque sea legal y legítimo". Llegó a afirmar que "es incoherente con la voluntad de los electores" y dio a entender que su crítica se extendía a todos los pactos del PSOE, tanto los suscritos con IU como con los partidos de la izquierda nacionalista, como el BNG o Esquerra Republicana de Catalunya. Pero hizo aún una mención más clara a estos últimos cuando dijo que "los pactos contra natura acaban pagando un coste para quienes lo suscriben".