Un testigo panameño intenta apoyar la coartada de Romaní y Conde en la "operación cementeras"

El abogado panameño José Alberto Álvarez se desmarcó ayer de su cliente Jaime Cedeño y de las relaciones que éste mantuvo con Arturo Romaní, imputado en el juicio sobre el caso Banesto por las irregularidades detectadas en la gestión del banco durante la etapa de presidencia de Mario Conde. Sin embargo, Álvarez, conocido como Toto en Ciudad de Panamá, reconoció ayer en la vista del caso que dio veracidad a los contratos que vinculaban al ex presidente de la Corporación Banesto con su cliente sin que estos se encontraran presentes, es decir, que dio validez a los textos que se le presentaron sin verificar el acuerdo entre las partes. Álvarez afirmó, en medio de una declaración muy poco clara, que los beneficios generados por la llamada Operación Cementeras se destinaron a pagar una comisión. Esa operación se produjo en 1990, cuando Banesto vendió su participación en compañías fabricantes de hormigón a las sociedades Gay Cordon y Data Transmision Sistem.

El interrogatorio del fiscal a Álvarez resultó algo parecido a un juego de frontón, con continuas respuestas evasivas o sin contenido alguno sobre las relaciones entre Romaní, Cedeño y varias de las sociedades que están apareciendo en el juicio vinculadas a los antiguos gestores de Banesto.Romaní confiaba en la declaración de Álvarez y de su representado, Cedeño, para eludir algunas de las responsabilidades que se le imputan en el juicio. Según Romaní, la Operación Cementeras, en el marco de la que se le acusa de estafar junto a Mario Conde 1.5000 millones de pesetas a Banesto, era un dinero destinado al empresario panameño.

La comparecencia de Cedeño, que ya había dejado plantado al tribunal en dos ocasiones anteriores en las que ha sido citado, debía servir para clarificar sus relaciones con Romaní, pero ayer alegó motivos de salud para eludir de nuevo la declaración. Álvarez, ex presidente del Colegio de Abogados de Panamá, podría haber ayudado a aclarar esos vínculos porque asesoró a Cedeño en la redacción de algunos contratos, pero dejó insatisfechas las expectativas de todas las partes. "Quisiera poder contestarle a todo, pero no sé porque no he tenido acceso a toda la información", explicó Álvarez ante la insistencia del fiscal por conocer los vínculos entre Cedeño y Romaní, más allá de lo recogido en los contratos. Según los contratos, Romaní debía pagar a Cedeño 1.500 millones de pesetas por su "colaboración" con las cementeras.

El dinero, extrañamente, debía ser gestionado por Romaní a través de la sociedad española Data Transmision Systems, creada al efecto. Data es propiedad de Selino, sociedad de Liechtenstein, creada por Hans Gassner, pero los fondos se perdieron por malas inversiones y Romaní, para "cumplir" con Cedeño, tuvo que recuperar otros 1.800 millones de pesetas en 1991 y 1992. Pese a que Álvarez actuó como asesor de Cedeño, negó ayer que conociera a Gassner, la sociedad Data Transmission, la firma Selino, las empresas Velíades y Oil Dor o al abogado suizo Peter Scharwarz, todo ellos implicados en la llamada Operación Cementeras.