Los siete detenidos en la "semana de lucha" se querellan contra la policía

Los siete detenidos por desórdenes públicos en la "semana de lucha contra la exclusión", celebrada del 14 al 19 de junio, presentaron ayer una querella contra la policía por "arresto ilegal, malos tratos y prevaricación". Entre ellos se encuentran dos letradas de la Asociación Libre de Abogados, que fueron arrestadas cuando acudían a asistir a los primeros detenidos, y el cura Enrique Castro, de la parroquia de San Carlos Borromeo, de Entrevías (Puente de Vallecas). Las detenciones se produjeron el pasado 16 de junio después de que un centenar de personas, entre los que se encontraban todos los arrestados menos las abogadas, okupasen el edificio de la Bolsa, la sede del Banco Santander Central Hispano y una empresa de trabajo temporal (ETT) de la Gran Vía. Durante dichas protestas sólo hubo incidentes en la Bolsa, cuando, al llegar al lugar los agentes antidisturbios, los manifestantes entraron en tromba al parqué rompiendo dos cristales.

Cacheo con desnudo

Los querellantes consideran su arresto ilegal: "No cometimos ningún delito con las okupaciones pacíficas", se defienden. Se quejan, asimismo, de haber recibido un trato "degradante" durante los hechos y en la propia comisaría de Chamartín, a la que fueron trasladados. Denuncian, sobre todo, que se les sometiese a un cacheo con desnudo "cuando estábamos acusados de desórdenes públicos y no de narcotráfico". Incluso aseguran que a una de las abogadas le hicieron despegar la compresa que llevaba de la ropa interior.

Creen que existió prevaricación porque, en la detención de Enrique Castro, se le acusó de agredir a un policía. "Es una acusación falsa, y ellos lo saben; no pegué a nadie; es más, fui yo quien recibió una patada de uno de los agentes", asegura el sacerdote. "Tenemos fotografías en las que se ve que ese policía que me acusa de haberle dañado un dedo tenía ya una herida en él antes de que me acusara de agredirle", añade.

Los detenidos fueron puestos en libertad nueve horas después del arresto por orden del juez, que, sin embargo, denegó el habeas corpus (comparecencia rápida ante el juez) que solicitaron.

Los querellantes consideran que la policía tenía instrucciones de mantenerlos arrestados 72 horas "para reventar la semana de lucha social". Han solicitado también el amparo del presidente del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro, ya que dos de las detenidas eran letradas.

La "semana de lucha social" la organizaron, por segundo año consecutivo, grupos de okupas, insumisos, ecologistas, parados y miembros de entidades de trabajo con colectivos marginados como la Coordinadora de Barrios y de Madres Unidas contra la Droga. Con ella pretendían sacar a la calle, con acciones espectaculares, los problemas de los excluidos (parados, reclusos, toxicómanos, jóvenes de barrios...).