Semana de pactos

Hace cuatro años, la distancia entre el PP y el PSOE fue, en el conjunto de los 8.000 municipios españoles, de cinco puntos; ahora ha sido de dos décimas. Entonces el PP se benefició de la negativa de Anguita, armado de su teoría de las dos orillas, a suscribir con el PSOE un pacto global como el de 1991. Ayer mismo, uno de sus antiguos defensores, Antonio Romero, dio por caducada esa teoría. Por el contrario, tras la experiencia de estos cuatro años, es el PP el que tiene más dificultades para encontrar socios que completen mayorías allí donde no cuenta con la mitad más uno de los concejales. En resumen, aunque el PP siga siendo la primera fuerza en muchos municipios, incluidos los de 38 capitales de provincia, es lógico que el PSOE recupere ahora parte del poder local perdido en 1995. Porque ha reducido la distancia y porque está en mejores condiciones para conformar mayorías viables. En general, todas las formaciones tienden a considerar que la fórmula de pacto que mejor refleja la voluntad ciudadana es aquella que en cada momento le favorece como partido. Con algunas excepciones, como ahora la de los socialistas vascos. Tras algunas dudas, el PSE-EE ha mantenido una posición de principios, comprometiéndose a apoyar al PP en la Diputación alavesa sabiendo que ello implicaba su probable desalojo de las otras dos diputaciones vascas, en las que gobernaba con el PNV. Una postura de principios implica en este caso respetar la clara voluntad del electorado alavés, que ha votado mayoritariamente a los partidos no nacionalistas. Combinaciones imaginativas hubieran permitido en teoría arrebatar al PP la Diputación, pero ello, aún siendo legal, hubiera sido muy difícil de explicar a los electores. Resulta por ello especialmente injusto que Arzalluz les reprochase ayer "un comportamiento cínico". Cinismo político habría sido hacer un apaño con el PNV para que este partido siguiera, como hasta ahora, controlando todas las instituciones, en solitario o en coalición, con un tercio de los votos.

En ausencia de un partido de centro como pudo ser el CDS, son las fuerzas regionalistas las que aspiran a desempeñar el papel de partido bisagra en las comunidades y ayuntamientos en las que ninguna formación tiene mayoría absoluta. Pero la experiencia de estos años les ha enseñado que convertirse en apéndices del PP amenaza su existencia en mayor medida que serlo de un partido de izquierda, y de ahí que ahora se resistan a aliarse con los conservadores o pongan un precio altísimo por hacerlo. Es el caso de Cantabria, por ejemplo, donde un pequeño partido que cuenta con 6 de los 39 diputados ha conseguido, a cambio de su apoyo, la presidencia de la Cámara regional y la vicepresidencia del futuro Gobierno autónomo. Esa sobrerrepresentación tergiversa el sentido del voto, por muy legal que sea.

Ése es uno de los motivos de que el PP sostenga ahora el criterio de que debe gobernar la lista más votada. Es un criterio defendible siempre que se admita que su validez no es universal. Desde luego, hay poderosas razones para no aplicarlo en los municipios en que ha ganado el GIL, por ejemplo. Pero también en localidades o comunidades donde hay una evidente mayoría de izquierda o de centro-izquierda, aunque el PP haya sido, por poco, la fuerza más votada. Es el caso de varias capitales andaluzas. En general, no son deseables combinaciones demasiado barrocas: que el alcalde sea del tercer o cuarto partido, o que comprenda a partidos muy alejados ideológicamente, etcétera.

Hay casos polémicos. Sevilla. O los acuerdos del PSOE gallego con los nacionalistas del Bloque. Sin duda, los socialistas asumen riesgos con esa alianza, pero en la propia Galicia se ve como un pacto lógico para recortar el poder omnímodo del PP. En San Sebastián, el socialista Elorza ha propuesto pactar a la vez con el PP y el PNV: una combinación que reflejaría bien la realidad de esa ciudad, pero que la estrategia partidista hace improbable. Pero, en fin, aún queda, en ése y otros casos, una semana para afinar.