2.100 plazas de empleo cubrirán los huecos de la jornada de 35 horas

El Consejo de Gobierno aprobó ayer la oferta de empleo público para 1999 en vistas de que en octubre se implantará la jornada laboral de 35 horas y se necesitarán más trabajadores en la administración. Se convocarán 2.100 nuevas plazas de acceso libre de las cuales, 1.120 corresponden a personal laboral para todos los grupos y categorías y 980 para funcionarios. De estas últimas, 430 se convocan para el cuerpo de auxiliares administrativos (grupo D). Para el grupo A se han reservado 295 plazas, para el B, 179 y 76 para el grupo C. Un 4% de las plazas se dedicarán a personas que acrediten algún tipo de minusvalía, un 1% más de lo recomendado por el Defensor del Pueblo. Además habrá 490 plazas que se cubrirán por promoción interna. La consejera de Gobernación y Justicia, Carmen Hermosín, informó de que la convocatoria de estas plazas aparecerán en el Boletín Oficial de la Junta alrededor del 15 de septiembre para los funcionarios y entre octubre y noviembre para los laborales. "A partir del 1 de octubre, cuando se implante la jornada de 35 horas, si se necesita cubrir algunos puestos se hará de forma provisional", dijo Hermosín en vista de que la oferta de empleo público irá con retraso respecto a la implantación de la nueva jornada laboral. "La mayoría de las plazas reservadas para personal laboral cubrirán necesidades provocadas por la reducción de la jornada", un proceso que costará entre 4.000 y 5.000 millones. El Consejo de Gobierno aprobó también el proyecto de ley que autoriza la enajenación del Palacio de Miramar en Málaga, una operación con cuyos ingresos se finaciará las obras de la Ciudad de la Justicia en la misma ciudad. El inmueble, que fue transferido a la Junta con las competencias de Justicia en 1997 es actualmente una de las sedes judiciales de Málaga. Con anterioridad fue un hotel y eso podrá ser de nuevo cuando quede sin uso porque esté construida la Ciudad de la Justicia. El valor del inmueble supera los 1.000 millones de pesetas y por eso, el Parlamento debe autorizar la enajenación y la afección de los ingresos obtenidos.