El instructor decreta la apertura del juicio oral contra Jesús Gil

El titular del Juzgado número 7 de Marbella (Málaga), Santiago Torres, ha dictado el auto de apertura de juicio oral en el caso Gil. El alcalde marbellí, Jesús Gil, se enfrenta a una petición de 34 años de cárcel y 2.000 millones de pesetas de multa por falsedad, tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Se le acusa de haber enajenado parte del patrimonio de la ciudad en favor del Atlético de Madrid. Junto a él estarán en el banquillo sus colaboradores Pedro Román y José Luis Sierra, su hijo Miguel Ángel Gil Marín y ocho imputados más.

El magistrado Santiago Torres ha dictado el auto de apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Málaga después de recibir los escritos de acusación del fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, y de la acusación particular, ejercida por el PSOE. A partir de ahora será la Audiencia la que se encargue del asunto. Pero la adopción de medidas cautelares hasta el momento del juicio sí corresponde a Torres. Así, en su auto, el instructor comunica que tanto el alcalde de Marbella, Jesús Gil, como su ex abogado José Luis Sierra, el ex teniente de alcalde marbellí Pedro Román y el vicepresidente del Atlético, Enrique Cerezo, siguen en situación de libertad bajo fianza.

Torres ha accedido también a la petición de las acusaciones de que se adopten medidas cautelares contra otros acusados. Entre ellos están Miguel Ángel Gil Marín, hijo de Gil y director general del Atlético; Modesto Perodia, gerente de la empresa municipal Eventos 2000; Julián Muñoz, actual teniente de alcalde del Ayuntamiento, y el auditor Pedro de Castro, que deberán acudir al juzgado para una comparecencia el día 21.

A todos los acusados se les exige que depositen una fianza que alcanzará en total los 1.600 millones de pesetas. Esta cantidad servirá para "asegurar las responsabilidades civiles y demás responsabilidades pecuniarias que se derivan de los escritos de acusación".

También se acuerda en el auto la suspensión del convenio suscrito el 30 de diciembre de 1997 entre el Ayuntamiento de Marbella y la empresa Dorna Promoción del Deporte, SA, la sociedad que presuntamente prestó a Gil en 1992 los 1.300 millones que necesitaba para hacerse con la propiedad del Atlético de Madrid.

En virtud de esta suspensión, el juez ha comunicado al Ayuntamiento la prohibición en adelante de "hacer pago de cualquier cantidad derivada del reconocimiento de deuda contenido en el referido convenio a favor de Dorna". Y se precisa más: "En particular, que el Ayuntamiento se abstenga de ceder, transmitir, adjudicar en pago o enajenar por cualquier título los dos bienes inmuebles que en el convenio referido [...] se mencionan en pago de la deuda reconocida en dicho convenio".

También se prohibe al Ayuntamiento y al representante legal de la entidad Eventos 2.000 "realizar pagos de cualesquiera cantidad que por cualquier concepto adeuden al Club Atlético de Madrid o al Sevilla F. C. sin previa autorización de este juzgado o del tribunal que conozca de la causa".

Por último, el instructor ordena que se dé traslado al Tribunal de Cuentas de todos los datos que existen en soporte informático acerca de la contabilidad del Ayuntamiento de Marbella y también una copia de las declaraciones que prestaron en su día ante los juzgados el interventor municipal y el secretario de la corporación, así como el testimonio y los documentos que aportó el ex concejal de Deportes Carlos Fernández, que compareció como testigo.

El caso Gil arranca del convencimiento del fiscal anticorrupción, Carlos Castresana, de que el alcalde de Marbella urdió una serie de contratos falsos para transferir dinero municipal al Atlético de Madrid.

Según la acusación, la publicidad de Marbella que lució el club entre 1991 y 1993 fue desinteresada y los contratos se habrían formulado después de esta fecha.