Las víctimas sólo aceptan contactos del Gobierno y ETA si es para conocer cuándo dejará las armas

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco no se anduvo ayer con contemplaciones al valorar los contactos del Gobierno con ETA. Su portavoz, Javier Díaz Bada, aseguró que la asociación sólo considerará "éticamente válidas y políticamente admisibles" las conversaciones dirigidas a conocer de primera mano cuándo y cómo se producirá la disolución de la organización terrorista y en qué momento abandonará las armas. De lo contrario, afirmó, "puede crearse una profunda herida democrática". El anuncio de los primeros contactos directos entre ETA y el Ejecutivo de Aznar se ve con escepticismo en las filas de este colectivo, que aglutina a 450 personas azotadas por el terrorismo. La asociación expuso ayer, tras su novena reunión, una lista de condiciones para aceptar como "pertinentes" estos movimientos. Los contactos deben estar presididos, a su juicio, por el ánimo de reunir información "sobre si los terroritas aceptan el sistema democrático" y "van a colaborar con la Justicia en el definitivo esclarecimiento de todos los actos delictivos cometidos".

Díaz Bada, hijo de Carlos Díaz Arcocha, superintendente de la Ertzaintza asesinado por ETA en 1995, reclamó -esta vez con la mirada puesta en el Gobierno- la petición del perdón a las víctimas y a la sociedad española y puso sobre la mesa la necesidad de establecer "fórmulas viables para que la organización terrorista repare económicamente todos los bienes materiales robados, hurtados y chantajeados mediante métodos mafiosos a un número incalculable de personas físicas, empresas y organizaciones del País Vasco y del resto de España". Cualquier contacto que no persiga este objetivo supondrá, a su juicio, "una burla al sistema judicial y un desprecio a todos los ciudadanos libres".