Policías en apuros

, Tres policías mexicanos que cumplieron en España un curso de superación profesional y decencia y regresaron a México para investigar la desaparición de personas, sufren prisión en Ciudad Juárez con cargos de secuestro. Luis Lara, licenciado en administración de empresas; Iván Bañuelos, abogado, y Froilán Castillo, experto en informática, se proclaman inocentes, víctimas de la trampa tendida por la mafia imperante en la ciudad fronteriza, una fraternidad delincuente que asesina, secuestra, prospera con el narcotráfico y no admite intromisiones. Los tres agentes, escolarizados hace dos años en la Academia del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila, fueron asignados por la Procuraduría General de la República (PGR), fiscalía general, a un grupo especial de inspectores encargado de averiguar las razones de tantos secuestros en la población limítrofe con Estados Unidos, por qué tantos desaparecidos sin mediar petición de rescate. Los tres policías, todos en torno a los 30 años, todavía a la espera de juicio, recuerdan satisfechos las enseñanzas y consejos recibidos en Ávila durante 12 meses de curso (1996-97). La fiscalía general les envió en febrero de 1998 a la ciudad norteña pegada a El Paso, en la otra orilla de río Bravo, con amplios poderes e instrucciones precisas: toda la información valiosa recogida durante las pesquisas no sería compartida con los agentes locales, con la policía de la Procuraduría de Justicia del Estado, Chihuahua, sino despachada directamente a Ciudad de México para su procesamiento por funcionarios federales. Así lo hicieron. Durante varios meses trabajaron a fondo, casi desde cero, pues el archivo juarense sobre desapariciones, sobre los levantones, sobre las personas empujadas hacia el interior de un coche en plena calle y nunca devueltas, apenas servía. Era tan flaco, según los tres encausados, porque en muchos casos la apertura de diligencias no era sino una tapadera, un trámite para justificar que algo se hacía. "No tuvimos ninguna colaboración de las autoridades de Juárez. Recibimos amenazas de bomba en las oficinas y nos seguían en carros. Incluso en una ocasión nos levantaron a nosotros porque supuestamente se equivocaron. Nos colocaron un carro delante y otro detrás y nos bajaron del nuestro". Los tres policías tenían casi concluidos 13 casos y preparaban las correspondientes órdenes de detención cuando les llegó la suya. Gobernaba el Estado el opositor Partido de Acción Nacional (PAN), conservador. Las averiguaciones del trío en una ciudad donde cerca de 200 mujeres han sido asesinadas y donde cadáveres sin identificar aún aparecen junto a los cactus del desierto, levantaron ascuas en los sectores políticos, judiciales, empresariales o policiales, conocedores de sus avances. En los casos investigados por los becarios de Ávila "había policías de la judicial del Estado implicados, entre mandos medios y agentes. Eran solamente personas desaparecidas porque, de hecho, por ninguno de ellos se pidió rescate. El caso más importante que tuvimos era el de una mujer española, pintora, desaparecida, supuestamente relacionada con el cartel de Juárez 95. No habían investigado nada y eso que había muchos datos. Creemos que la policía judicial del Estado, al verse copada, peligrando, nos tienden una trampa". Un día, Lara, Bañuelos y Castillo son interceptados por 10 vehículos y conducidos a golpes a comisaría, donde se les endosa el secuestro de una mujer. No oponen resistencia pese a estar armados. "Nosotros no conocemos a la víctima porque no se presentó, a pesar de que se la ha requerido, y desde el pasado mes de mayo que estamos aquí. No sabemos ni si existe". Con posterioridad a esta entrevista entre rejas, una mujer declaró en el juzgado haber sido secuestrada por los tres procesados. Inevitablemente, su testimonio también quedó en entredicho porque Juárez es una ciudad citada por la propia prensa mexicana como tomada por la corrupción, la extorsión, los apaños judiciales, los negocios turbios y los ajustes de cuentas cometidos por policías a sueldo del narcotráfico. Los tres policías en prisión supuestamente pedían 5.000 dólares y un vehículo con matrícula mexicana por la liberación de la secuestrada. "Algo totalmente ilógico: 5.000 dólares y un carro con placas que pueden ser rastreadas. Además, utilizan como prueba la declaración de los policías que nos detienen", protestan. "Y algo muy significativo es que teníamos en puertas llamar al jefe de la policía judicial del Estado para interrogarlo de manera oficial". Durante su detención y posterior allanamiento de la oficina, son incautados disquetes con información confidencial. ¿Pero no sabían ustedes que su misión iba a ser difícil? "Sí, pero no hasta el extremo en que nos encontramos".